Condiciones críticas

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ

Ciudad de México, 26 de nov.- Incredulidad ciudadana en los impartidores de la justicia mexicana. Solamente se denuncia el 22 por ciento de los actos delictivos. Lo peor, se inician averiguaciones previas en 3 de los hechos denunciados. Para el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, vivimos “condiciones críticas”.

Un efecto de la política inhibitoria de la denuncia. Por un lado, se aduce la protección de los derechos humanos para que los denunciados conozcan a sus denunciantes. Por el otro, se criminaliza a la víctima al exigirle una larga serie de requisitos para acreditar el hecho. Además del calvario y tiempo para levantar el acta.

Las cifras son contundentes. La séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad de 2010, sólo 22 de cada 100 delitos que ocurren a nivel nacional son denunciados, y en menos de 15 por ciento del total se inicia una averiguación previa.

Una realidad que garantiza la impunidad de los criminales. Para el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, la ausencia de denuncia es lo que hace proliferar un ambiente de impunidad, donde el delincuente sabe que hay poca probabilidad de que se le detenga y cumpla la pena que merece.

Le faltó mencionar que esta política profundizada por el gobierno federal encabezado por el panista moreliano, Felipe Calderón, tiene su razón de ser en la urgencia de mostrar un falso avance en su guerra contra el llamado crimen organizado que ha derramado la sangre de más de 31 mil mexicanos.

Así, hay que darle la razón al mandatario mexiquense, en el sentido de que “junto con la violencia que se ha extendido en México, la impunidad es la gran amenaza a las instituciones, a la ley y a la capacidad del estado para proteger a sus gobernados”.

Una observación que hizo el gobernador al inaugurar la 24 Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sostuvo que la legalidad, seguridad pública y justicia constituyen las bases fundamentales del Estado de derecho.

Fue contundente: “Nos dejan ver con toda claridad las condiciones críticas que vivimos en el país sobre la credibilidad en las instituciones, el respaldo que hay y algo que ya comentaba hace un momento: el desánimo social que hay, sobre todo, cuando no se aprecia contundencia y efectividad en el combate a la delincuencia y particularmente a la impunidad”.

La pregunta inmediata es: ¿Qué hacer? Parece ser que se agotó el tiempo de aprendizaje solicitado en el 2001 por el ex gerente de una embotelladora transnacional, Vicente Fox Quesada. México que disminuyó el combate a la criminalidad en el 80 por ciento del 2000 al 2004 y al cien por ciento de 2004 al 2006.

Empero, es una parte de la dramática y sangrienta realidad de los mexicanos. La otra parte es el desempleo creciente, se dice oficialmente que en 5.7 por ciento, y la reducción del pulverizado salario en aquellos que lo tienen, con el desmantelamiento de la planta productiva nacional a favor de las transnacionales.

Un sistema económico, que si bien se inició en 1982 con el adoctrinado en la Universidad de Harvard, Miguel de la Madrid Hurtado, debe reconocer que se agudizó a partir del 2000, reduciendo al límite de la extinción de las posibilidades de sobrevivencia de los mexicanos. Y la perspectiva es que lo peor está por venir.

Desde el exterior, la perspectiva es alarmante. En voz del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, México es un país tomado por los narcotraficantes. El presidente del sindicato de empresarios mexicanos, COPARMEX, el empresario oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, observó desde Berlín:

“México es un país de cárteles y no sólo de la droga, cada quien tiene un pedazo del país, hay monopolios y oligopolios que se rigen por sus propios intereses políticos. Tenemos que romper las estructuras que no nos permiten competir entre nosotros”.

Una respuesta inmediata sería esperar el relevo presidencial en 2012. Se mira muy lejano ante la premura de llorar y enterrar al número creciente de muertos, considerados por el panista moreliano, Felipe Calderón, como “daños colaterales”.

El hambre y sed de justicia se empalma, entonces, con la angustia del dolor en los estómagos vacíos, en un clima de violencia creciente, cuyo éxito se percibe únicamente en las estadísticas oficiales sustentadas en la política de la inhibición de la denuncia.

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Centenario Violento

Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ

Ciudad de México, 18 de nov.- En la víspera de la celebración oficial del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, México se muestra en llamas, pese al esfuerzo desesperado del gobierno conservador para eludir una dramática realidad que proyecta la sospechosa incapacidad para, por lo menos, frenar, el baño de sangre.

Nuestro compañero Alberto Nájar, periodista de la emisora londinense BBC Mundo, reseñó esta mañana: Casas incenciadas, con la fachada llena de hoyos por el impacto de balas. Camionetas destrozadas a la vera de los caminos, miles de casquillos en las calles, funcionarios y policías asesinados, cientos de personas desplazadas por la violencia.

Añadió el periodista: Es el panorama que se vive en Ciudad Mier, uno de los municipios de la llamada "frontera chica" de Tamaulipas, una región mexicana vecina a Estados Unidos. La zona, en el noreste mexicano, es desde hace varios meses campo de batalla entre los carteles de Los Zetas y El Golfo que disputan el control del tráfico de drogas.

Un panorama infernal que, lamentablemente, no es parte de la creación literaria. Es una pálida imagen de la dramática realidad cotidiana registrada desde el 2000 en que asumió el poder el sector conservador con su proyecto económico transnacionalizador con la sospecha sobre la aparente incapacidad para frenar la violencia nacional.

Tan solo de enero al 30 de abril de 2010 se registraron 151 ataques atribuidos a narcotraficantes contra el Ejército Mexicano. Con base en la información del procurador general de Justicia Militar, el general José Luis Chávez García, el 30.4 por ciento de las agresiones fueron en Tamaulipas.

Fue la última ocasión en que se dieron estas estadísticas. Sin embargo, en los medios se registran con mayor frecuencia los enfrentamientos. Por ejemplo, el 17 de noviembre se reportó uno en los límites de Jalisco con Zacatecas con saldo de 5 muertos, aunque en Nuevo León diariamente se informa de cuando menos una balacera.

Véase la información regiomontana del 3 de septiembre: Cinco sicarios murieron hoy en un enfrentamiento con el Ejercito, veinticuatro horas después de otro enfrentamiento en el que perdieron la vida 27 presuntos miembros de la banda criminal de los Zetas en el estado norteño de Nueva León, informaron fuentes oficiales.

Con base en el recuento de medios nacionales, se superó en los primeros 10 meses de 2010 la cifra de 31 mil ejecutados, según la versión oficial, por el enfrentamiento entre los cárteles de las drogas. Los hechos muestran en Ciudad Juárez cuando menos 4 masacres. Se estima en 2 mil 750 muertes de enero a octubre del presente año.

El fiscal general de Justicia en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, reveló que hay por lo menos 200 bandas dedicadas al secuestro y a la extorsión en Ciudad Juárez, sin que necesariamente estén ligadas a grupos del crimen organizado, después de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Explicó que estos grupos delictivos cometen entre cuatro y cinco plagios por semana con rescates que oscilan entre los 5 mil y 100 mil pesos.

La multi eststal sudamericana Tele Sur refirió que en México, desde principios de enero al 3 de noviembre, ya son 10 mil 35 los fallecidos relacionados con la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Calderón a principios de 2007.

La violencia ligada a la guerra contra el crimen organizado ha derivado en drásticas cifras, lo cual se ve reflejado en las cinco mil 207 ejecuciones que se contabilizaron 2008; otras seis mil 587 en 2009 y las más de 10 mil del presente año.

Los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos son los que concentran la mayoría de episodios violentos, ya que en ellos operan carteles narcotraficantes que luchan entre sí, además de la guerra contra los órganos estatales, para controlar las zonas y puentes para exportar la droga hacia territorio estadounidense o Europa.

En agosto en San Fernando, Tamaulipas, el asesinato de 72 indocumentados. En conferencia de prensa el 16 de noviembre, el director adjunto de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, dijo que se calcula que unos 20 mil migrantes en México son víctimas de secuestro en el país al año, y seis de cada 10 mujeres que llegan a algunos albergues sufren violación sexual.

Una violencia de la que medios locales no suelen dar cuenta. Mucha de la información se difunde por las redes sociales, una herramienta que autoridades locales suelen utilizar para advertir de bloqueos y enfrentamientos, comentó nuestro compañero Alberto Nájar, de la BBC Mundo.

Hay razón para el miedo en la prensa. Informa el compañero fundador de la FAPERMEX, Teodoro Rentería AAróyave que en el actual período de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa “el panorama es dantesco: 49 (periodistas) asesinados, más de 1 por mes, y 9 desapariciones forzadas, una cada cinco meses”.

Si de 1983 en que se inició el triste recuento del asesinato de periodistas, se registran 115 asesinatos y 12 desaparecidos, le corresponde a la administración Calderón el 42 por ciento en cuatro años de gestión y el 58 por ciento en 23 años. Los

Una eficiencia terrorífica que ya generó sus primeros resultados. El 17 de octubre pasado, Karen Sánchez Abbott, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), propuso una “libertad responsable” que guíe la labor informativa en "un compromiso de los medios electrónicos de comunicación para recuperar la estabilidad y el orden”.

Lo que fue aplaudido por el presidente Felipe Calderón. Y un comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación complementó que "debe ser un esfuerzo por informar con veracidad, mesura y objetividad los hechos relacionados a las confrontaciones entre organizaciones criminales y de éstas con las instituciones del Estado".

Silenciar al mensajero bajo la mentira de ser responsable de la creciente violencia, se proyecta, cuando menos, como “sospechoso”. Y solamente hay indicios.

En un documento enviado por el Instituto de Estudios de Seguridad de Estados Unidos al Pentágono, propuso realizar una acción conjunta con las autoridades nacionales, pues de lo contrario México no podrá controlar solo el problema de la criminalidad que “dejó de ser focalizada y se convirtió en una narcoinsurgencia que busca la desestabilización de las autoridades”.

El documento titulado “Tráfico de drogas, violencia e inestabilidad en México, Colombia y el Caribe: implicaciones para la seguridad de Estados Unidos”, detalló que el crimen organizado desarrolló variantes de ataque que lo vinculan con la narcoinsurgencia, debido a que la violencia que despliegan los cárteles se manifiesta en acciones de abierto reto a las instituciones gubernamentales.

Parecería, entonces, que la incontenible violencia en México responde a un proyecto convergente con el anuncio del empleado de una embotelladora transnacional en 2005: Negociar un super Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sin fronteras. En donde los estadounidenses contarían con el argumento sólido de defender sus intereses mediante la injerencia policiaca y militar.

Requiere, y parecería que falta muy poco, de que se decretara el Estado de Excepción, que en Colombia se conoció como "conmoción interior". En buen castellano: Se trataría de un “Estado de sitio”, que representa un concepto equivalente al de estado de guerra.

Aquí se dan a las fuerzas armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Durante el 'estado de sitio' quedan en suspenso las garantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las legislaciones.

En algunas de ellas, como sucedía en la Argentina: Se autorizaba al jefe de Estado a detener a las personas y a trasladarlas de un punto a otro de la nación, salvo que prefieran salir del territorio nacional.

Y desde que inició su gestión el señor Calderón habla de una “guerra al crimen organizado” en que admitió, a principios de noviembre, que se incrementará en su ferocidad. Al tiempo. Ojalá y estemos equivocados.

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El Puente Roto

Por Mario Luis Altuzar Suárez

Ciudad de México, 12 de nov.- Rompieron los diputados federales su Puente Revolucionario. En medio de acusaciones cruzadas de “incumplimiento de promesas” entre el PRI con el PAN y PRD, se paralizó la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Y fueron convocados al Pleno mañana sábado a las 18 horas.

El lunes 15 de noviembre es de descanso obligatorio, al registrarse en día inhábil el 20 de noviembre, el Centenario de la Revolución. Así, los legisladores esperaban que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública encabezada por el priísta mexiquense Luis Videgaray Caso, entregara el miércoles al Pleno el proyecto del gasto federal, su discusión y aprobación a más tardar el jueves 11 de noviembre y… ¡a descansar!

Sin embargo, Dios dispone, el hombre pone, viene el diablo y todo lo descompone. Aproximadamente a las 13:30 horas, anunció en conferencia de prensa el diputado federal panista por Zacatecas Luis Enrique Mercado Sánchez:

“Quiero anunciarles como Subcoordinador de Política Económica de la fracción del PAN que hemos decidido retirarnos de la mesa carretera” en la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, “el PRD creo que está tomando la misma decisión”.

La razón que esgrimió el legislador blanquiazul: “porque no se están respetando los acuerdos iniciales a los que llegamos, porque la fracción del PRI está metiendo los proyectos que ellos desean, proyectos que no tienen consenso social, que no le sirven a la sociedad, que no respetan, insisto, los acuerdos principales, que van contra las prioridades de los gobernadores”.

Un ejemplo: “En el caso de Jalisco hay un Diputado del PRI que quiere meter un tranvía, un tren, no sé qué cosa, que no está dentro de los proyectos de transporte masivo del Gobernador”. Defienden, entonces, a su correligionario jalisciense Emilio González Márquez, afecto a favorecer con recursos públicos proyectos clericales.

Cerca de 3 horas después, intentó corregirle la plana a su compañero de bancada, el diputado federal mexiquense Carlos Alberto Pérez Cuevas, Subcoordinador de Proceso Legislativo del Grupo Parlamentario del PAN: “yo creo que lo que habría que puntualizar es que en un rubro concreto que está discutiendo un grupo de diputados no se han puesto de acuerdo”.

Hizo un llamado a “que nadie se ponga nervioso, a que todo el mundo estemos tranquilos” porque “llega un momento también en que los esfuerzos que se hacen de pronto se entrampan, es de humanos; sin embargo, también es de humanos revisar, analizar y continuar”.

Arguyó: “Faltan días, ya se ha convocado a la sesión para el sábado a las 6:00 de la tarde y sigue caminando. Si no hubiera los acuerdos al menos en un marco general y muy amplio, pues difícilmente hubiéramos accedido las coordinaciones a citar al Pleno el sábado a las 6:00, están avanzando, están los acuerdos, han logrado encontrar algunos mecanismos”.

La razón de la “aclaración” respondió a que a la acusación del panista Mercado Sánchez, reviró el mexiquense Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI:

“Se han dado hasta la mano (las diferentes bancadas parlamentarias) y después dicen que se agandallaron los del PRI, ya se les está haciendo costumbrita lo del agandalle del PRI, no, no, no; tenemos que ser serios en las negociaciones y en las negociaciones cuando se terminan y se llegan a acuerdos, pues hay que respetarlos”.

Aseguró que fueron los diputados del PAN y del PRD los que incumplieron los acuerdos. Visto de otra forma, se vivió el fuego cruzado.

El secretario de la Contraloría de la Federación de Miguel de la Madrid y director general de PEMEX de Carlos Salinas de Gortari, a la pregunta de ¿entonces, siguen en pláticas con el PRD y PAN diputado, cuando ya se levantaron de la mesa?, respondió: “Ya regresarán”.

El hermano del galardonado por la CANCINTRA con el águila de hierro como mejor legislador, Carlos Rojas Gutiérrez, consideró que “ya es hora de que todos seamos más serios y una vez que lleguemos a acuerdos buenos o malos, pues ya llegamos a acuerdos y hay que respetarlos. Aquí no hay nadie inocente, todos saben lo que están haciendo”.

Así, los diputados federales nos recuerdan a la cantante comiteca Irma Serrano con “El Puente Roto”, ya que se difuminó el largo descanso del 11 al 16 de noviembre por el festejo del Centenario de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, y fueron citados para el 13 a las 18 horas, tiempo local, a reiniciar la sesión del Pleno.

Hay la esperanza de que ya tengan el acuerdo del Presupuesto de Egresos de la Federación y con las maletas en la cajuela de los automóviles, agilizar su aprobación, aunque hay quien niega que su aprobación será de fast track.

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Los alcoholitos del Diablo

Por Mario Luis Altuzar Suárez

Ciudad de México, 9 de nov.- Se encuentra tan lejos de Dios y tan cerca del infierno terrenal el alto clero político. Al escándalo de pederastia del michoacano Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo y que evidenció los “pecadillos” de clericales, emergió la narcolimosna y el fraude en los purpurados.

La jerarquía católica se persignó en 2004, cuando Ramón Godínez Flores, obispo de Aguascalientes, dijo que si delincuentes o narcotraficantes donaban el dinero que habían obtenido por estas actividades ilícitas para fines benéficos, este dinero se podía "limpiar".

Generó escándalo el principal colaborador del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo del Arquidiócesis de Guadalajara, asesinado el 24 de mayo de 1994, cuando iba a recoger en el aeropuerto al Nuncio Apostólico Girolamo Prigioni, el mismo que intercedió por los Arellano Félix para que se entrevistaran con el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Seis años después, el 31 de octubre de 2010, la Arquidiócesis de México a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera, reconoció que el poder corruptor del narcotráfico había doblado al clero político.

Nuestro compañero Alberto Nájar, periodista de la BBC Mundo acreditado en México, expuso: Para los grupos criminales, el narcotráfico es un negocio; para el gobierno mexicano, una lacra; y para la Iglesia Católica, un pecado.

Por eso, cuando la semana pasada trascendió que una capilla levantada en un barrio popular de Pachuca (Hidalgo) se habría construido con las donaciones de un supuesto líder criminal, la jerarquía eclesiástica del país alertó de la posible infiltración del narcotráfico en las entrañas de su organización.

Una placa en el colorido templo de Tezontle recuerda al supuesto benefactor, Heriberto Lazcano Lazcano, considerado como líder de la banda de Los Zetas, un violento grupo dedicado al tráfico de cocaína, la extorsión y los secuestros, según las autoridades mexicanas.

"Señor, escucha mi oración, oye mi plegaria, por tu lealtad respóndeme, por tu justicia…", dice la inscripción de la capilla de Pachuca, que remite al Salmo 143: "El enemigo me persiguió a muerte, aplastó mi vida contra el suelo; me introdujo en las tinieblas"…

La Procuraduría General de la República inició una averiguación previa para conocer qué papel jugó "El Lazca" en la construcción del Centro de Evangelización Juan Pablo II y si las autoridades religiosas conocían la procedencia de estas "narcolimosnas", como se conoce popularmente a unas donaciones que sirven a la vez para lavar dinero y conciencias.

La Iglesia Católica mexicana ha denunciado en varias ocasiones que muchos sacerdotes viven bajo la amenaza constante del narcotráfico por su labor al frente de organizaciones de derechos humanos o por denunciar los crímenes de los carteles.

Sin embargo, hay más. Medios capitalinos publicaron hoy que el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, relacionado el salinismo, y el empresario Jaime Matute Labradorhabría cometido un fraude procesal por 130 millones de dólares en perjuicio de la sociedad anónima Arthinia Internacional.

Con base en la información del abogado de la demandante, Xavier Olea Peláez, el ilícito se originó en 2003, cuando el purpurado salinista Cepeda Silva habría simulado un préstamo por 130 millones de dólares a Olga Azcárraga, fundadora de la empresa Arthinia. Siete meses después de firmado el documento, murió la prestataria.

“Desde el principio de este litigio, el señor obispo nos ha mandado decir que se la persignamos, que nunca lograremos hacerle nada; nos ha mandado decir que los de sotana en México no van a la cárcel", destacó Olea Peláez, según los medios.

El juez federal en materia de amparo, Jacinto Figueroa Salmorán, dictaminó que “existen elementos de prueba suficientes que acreditan los elementos materiales del delito de fraude procesal por 130 millones de dólares, en la hipótesis que se atribuye responsabilidad a Onésimo Cepeda Silva (obispo de Ecatepec) y al empresario Jaime Matute Labrador”, dijo el litigante.

Aunque existen aún instancias jurídicas a las que puede acudir el prelado, de momento, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene la orden del juez para consignar al clérigo que alcanza fama, riqueza e influencia política a la sombra del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

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