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Ilegalidad perredista

Por Mario Luis Altuzar Suárez

Ciudad de México, 16 de ago.- Vive curiosa situación el PRD chiapaneco: Celebra el PAN la elección de Luis Raquel Cal y Mayor Franco en la presidencia estatal perredista mientras que los solaztequistas impugnaron la imposición ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Un botón de muestra de la grave realidad interna del PRD, coherente con la adquisición de mansiones, una por 20 millones de dólares, del cacique tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Es decir: Navegar en la ilegalidad acusando a otros.

Lo grave, es que surgen indicios de una estructura ilegal partidista a nivel nacional que impediría la elección de candidatos para las elecciones presidenciales de 2012, en donde aparecen dos tiradores: el ahijado del salinista Manuel Camachó Solís, Marcelo Ebrard Casaubón y el mismo López Obrador, conocido como el “cuñado generoso”.

Razones que crean suspicacias sobre la excesiva atención del PAN, al grado de dedicar una conferencia de prensa el lunes 15 de agosto de 2011, para que su presidente estatal, Carlos Alberto Palomeque Archila, le de el espaldarazo a Cal y Mayor Franco.

Dijo: “Da tranquilidad porque permite establecer pláticas mucho más serias. Esto da certidumbre en virtud que traspasa cualquier tiempo de un interinato o algún acuerdo que se pueda ir estableciendo en materia política, de entendimiento y de seguimiento del propio ordenamiento de la política estatal”.

Sin embargo, trasciende el ámbito estatal. Y adquiere nivel nacional la denuncia presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el lunes 15 de agosto por el chiapaneco Gilberto Ensastiga Santiago, de la corriente Unidad Nacional de las Izquierdas, del PRD.

La razón es el argumento central: Los actuales consejeros estatales perredistas fueron elegidos en marzo del 2008 en forma simultánea a su presidente nacional, Jesús Ortega Martínez y debieron concluir su función al renovarse la dirigencia del PRD.

Tal vez el hecho que se replica en todos los estados, fue considerado como minucia por el sonorense Jesús Zambrano Grijalva. Aunque genera la ilegalidad en la estructura partidista, con potencial de impedir jurídicamente, la selección de los candidatos para las elecciones presidenciales del 2012.

Luis Raquel Cal y Mayor Franco, subsecretario de Operación Regional de la Secretaría de Gobierno del mexiquense Juan José Sabines Guerrero, fue presentado mediáticamente como “candidato de unidad”, ignorándose los legítimos derechos de otros 4 aspirantes, al grado de negarles el registro, entre ellos, a Isaac Ramírez Jiménez.

Con el espaldarazo del panismo chiapaneco al dirigente perredista, se recuerda la extraña alianza entre el PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia, PSN, PCD, PAS en el 2000 para encumbrar como gobernador al ex priísta Pablo Salazar Mendiguchía, el mismo que impulsó como su sucesor al mexiquense Juan Sabines Guerrero.

Ahora, en caso de que el Tribunal Electoral les de la razón, el PRD entraría en una situación de crisis ya que legalmente estaría impedido para la elección de sus candidatos para las elecciones del 2012 ya que la continuidad de consejeros políticos no es privativa de Chiapas, sino de todo el país.

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