Rechazamos la autocensura

Por Mario Luis Altuzar Suárez

Ciudad de México, 25 de mar.- Convocó la telecracia mexicana a cumplir con la autocensura, ordenada por el presidente Felipe Calderón, como estrategia que oculte el fracaso de su guerra fallida contra el crimen organizado.

Organizado por Emilio Azcárraga Jean, el auto proclamado soldado panista y que aumentó su riqueza en cerca del 50 por ciento en un año, según la estadounidense Forbes, se dijo que más de 700 medios firmaron Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

Un documento que parece recoger las “sugerencias” del señor Felipe Calderón, para “Establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado”.

Sin embargo, en el supuesto acuerdo de los magnates de las comunicaciones electrónicas y los empresarios de los medios impresos, dicen querer defender a “sus” periodistas de la violencia, y en ningún inciso o apartado se menciona, por lo menos, que los 49 asesinatos de periodistas en la administración Calderón, están en la impunidad.

Tampoco se menciona en el documento “protector” de los periodistas, que el gobierno federal, estatal y municipal, de cualquier signo, criminalizan a los periodistas asesinados sin investigación de por medio y con supuestos inventados.

En la guerra del señor Calderón contra el llamado crimen organizado, sin el mínimo rubor ético, el documento llama a “omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. No convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia”.

Es difícil negar la mano presidencial y sus voceros oficiales u oficiosos al leer: “Presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el tamaño y la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones y países”.

Se entiende, entonces, que el periodismo se reduce a la propaganda de los administradores, minimizando los llamados “daños colaterales” en más de 36 mil muertes, o los secuestros y asesinato de indocumentados, que difícilmente puede “compararse” con lo que ocurre en otras regiones y países.

Llama la atención que se publicitó en horarios estelares la autocensura impuesta por los industriales de la información a escasas horas de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, observará “la frustración” del señor Calderón ante el fortalecimiento de los carteles de la droga.

Elementos que conducen a recordar que el ejercicio de la libertad de expresión no es un derecho de los empresarios de la información que buscan las ganancias económicas, ni es una concesión graciosa de los administradores del país.

Es un derecho de la sociedad que respira el miedo ante el sospechoso fracaso de los encargados de garantizar la seguridad de los contribuyentes.

Es imposible que “la información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia”, si se considera que el reportero tiene la función de reportar un hecho sin prejuicio o juicio, ya que “asignar a cada quien la responsabilidad” es facultad de un juez previo juicio.

Por ello, rechazamos la pretensión de la autocensura impuesta por los industriales de la información asociados con los hombres y mujeres del poder.

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