Ciudad de México, 3 de mar.- Es curioso: Ofrece el presidente de México revisar la seguridad de los agentes estadounidenses encubiertos de diplomáticos en México, mientras que es incapaz de brindar seguridad a los mexicanos, ya que una joven universitaria chihuahuense que era jefa de policía, pedía al mismo tiempo, asilo en Estados Unidos para preservar su vida.
Dos realidades tan distantes convergentes en el tiempo. En la Casa Blanca, a donde fue convocado sorpresivamente el 23 de febrero, después de que el 15 de febrero asesinaron en San Luis Potosí al agente del ICE, el texano Jaime Zapata, el panista moreliano promete al presente de Estados Unidos, revisar con el Congreso todas las alternativas para reforzar la seguridad de los agentes estadounidenses que operan en México.
Al mismo tiempo se supo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que la universitaria Marisol Valles, de 20 años, Jefa de Policía del pueblo Praxedis Guadalupe Guerrero desde octubre pasado, se encontraba en Estados Unidos para solicitar la protección estadounidense, por haber sido amenazada de muerte por el llamado crimen organizado.
Se recuerda que el 26 de diciembre fue secuestrada Erika Gándara, de 28 años, comandante y única agente policial del municipio de Guadalupe, Distrito Bravo, también de Chihuahua, sin que se conozca su paradero.
En octubre Hermila García, la primera mujer en convertirse en jefa policial del municipio de Meoqui, fue asesinada a tiros por un grupo de sicarios cuando iba a su trabajo. En junio de ese año fue asesinado el alcalde de la localidad junto con su hijo.
Ciudad Juárez es escenario de una sangrienta guerra entre dos poderosos cárteles (Sinaloa y Juárez) que dejó el año pasado un saldo de más de tres mil cien muertos, sólo en esta localidad de 1.2 millones de habitantes.
Una realidad minimizada por el panista moreliano y los miembros de su gabinete. Y prometió en su viaje a Washington, en la conferencia de prensa conjunta:
"Sobre las restricciones legales que en México, como en otros países existen respecto de la intervención y el uso de armas por parte de agentes extranjeros, en ese tema habré de platicar con miembros del Congreso, en particular del Senado, para explorar las alternativas".
La interrogante es natural: ¿Si la administración que goza de 900 millones de dólares en el Plan México, rebautizado como Plan Mérida, es incapaz de proteger a los miembros de los cuerpos de seguridad policiaca y militar y más de 36 mil asesinatos están en la impunidad, le creería el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que protegerá a sus agentes?
Independientemente de que los mandatos constitucionales para preservar los Principios de Autonomía, Soberanía e Independencia de México, son ignorados por unos fallidos administradores, es difícil suponer que honrará su palabra en los acuerdos secretos en la reunión privada y que se mantuvieron al margen de la publicitada conferencia de prensa conjunta.
Con el asesinato del texano Zapata, agente estadounidense del ICE, se puso al descubierto que de esa corporación trabajan 30 efectivos armados que realizan investigaciones y operativos en México, que se sumarían a cerca de 80 efectivos de la DEA y una cantidad no definida de miembros del FBI, Pentágono y CIA, entre otras corporaciones, encubiertos como diplomáticos con la anuencia de la Secretaría de Gobernación.
En resumen, podría pensarse que la libró el chaparrito de lentes al asistir a una sorpresiva visita a la Casa Blanca, máxime que la Cámara de Senadores, presidida por el priísta sonorense Manlio Fabio letrones Rivera, le aprobó su iniciativa de permitirle a la secretaría de la Defensa Nacional la reclasificación de sus 254 mil efectivos para una guerra total contra el llamado crimen organizado, en donde las únicas víctimas son civiles inocentes y los gananciosos, los armeros estadounidense.
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