Gobernar, dice el diccionario, es mandar con autoridad o regir una cosa, en tanto que administrar se define como ordenar, organizar la hacienda o los bienes. Confundir los conceptos, dice el maestro universitario baja californiano Milton Castellanos Gout, es generar la ingobernabilidad. Y esa es la dramática realidad de México.
Emergió en toda su dimensión en el atentado en Morelia, Michoacán, en el momento mismo en que el gobernador perredista Leonel Godoy conmemoraba el 198 Aniversario del inicio del Movimiento de Independencia. Lo grave, que a cinco días, ni siquiera se tiene la causa, ni sospechosos. Solamente la especulación y el miedo social.
Un ambiente en donde la propuesta presidencial de reformas penales endosa a la sociedad el trabajo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a cargo del amigo y confidente del ejecutivo federal, Guillermo Valdés Castellanos, en donde se consumen mil 270 millones de pesos en 2008 y piden que aumente 95 por ciento para 2009.
La cifra proporcionada por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, es reducida comparativamente al 2001 en que se dieron tres mil 608 millones de pesos, incluida la partida de “servicios personales” por mil 619 millones de pesos y 725 millones para administración de recursos humanos, materiales y financieros.
Tiempo en que despachaba en ese centro llamado de inteligencia, el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y que defiende su actuación su ex jefe y actual senador, Santiago Creel Miranda, pese a los hechos: Carece de respuesta lo mismo a los atentados a ductos petroleros que al atentado del lunes.
Son errores de los administradores, que no gobernantes, panistas, en donde se dijo el 15 de julio de 2007 este organismo de inteligencia civil será relevado de responsabilidades, con el fin de trasladar a otras dependencias tareas como la "contrainteligencia" y ahora, con oferta de recompensas, a la sociedad en general.
Y se mantiene al frente de ese organismo, que no se sabe para que sirve, al amigo y confidente Valdés Castellanos, ex directivo de la encuestadora GEA-ISA con Jesús Reyes, director de PEMEX, empresa que recibió contratos presidenciales por 5 millones 707 mil pesos en 2007 y en 2008 por 8 millones 356 mil 641 pesos.
Es decir, que se administran los recursos públicos por encima de la facultad de gobernar. Por ello, el presidente se suma a los reclamos sociales de justicia y que termine la impunidad y la corrupción, en una clara claudicación de sus obligaciones para actuar y cumplir su promesa de rescatar el control del Estado perdido en el foxiato.
Por lo menos, así se entiende el discurso del presidente Felipe Calderón al inaugurar los cursos del Colegio Militar, en donde clamó por rescatar el control del Estado, o en sus apariciones públicas para ofrecer rescatar las calles de la criminalidad y sin tocar a las corporaciones policiacas, ordenar que los militares cumplan funciones de seguridad.
Se elude la urgencia de depurar los cuerpos policiacos, los ministerios públicos y los jueces, puestos en evidencia con la actuación del ejército al decomisar drogas, detener narcotraficantes que eran invisibles para las corporaciones policiacas, y la misma judicial del Distrito Federal mostró la corrupción policiaca federal en los secuestros.
Aquí es en donde se encuentra la razón para que los ciudadanos se inhiban en la denuncia de actos criminales, ya que los candorosos que lo hicieron, sufrieron represalias inmediatas de los delincuentes que ubicaron los datos personales y que a los ciudadanos que investigan ante la apatía policiaca, son víctimas de atentados.
Tenemos, ante la sospechosa incapacidad administrativa, que el miedo social puede usarse para homologar las leyes penales mexicanas a las de los Estados Unidos para combatir el terrorismo y conculcar las garantías individuales que facilite a los administradores panistas, cumplir su objetivo de mantenerse en el poder por lo menos al 2030.
La pregunta obligada sería: ¿Qué administrarán? El 15 de septiembre fue la Tercera Llamada.
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