Inicia el año con amenazas a los derechos ciudadanos. Tres indicios preocupantes: Líderes sindicales que venden protección a empresas y desprotegen a los trabajadores; Se promulgó una ley policiaca sin depurar las corporaciones; criminalizan a la internet y dejan impune el asesinato y desaparición de periodistas de medios de comunicación.
Parecería que la crisis económica tienta a los hombres y mujeres en el poder, a conculcar las garantías individuales para intentar ocultar su incapacidad de responder a los justos reclamos ciudadanos y mantener la política del dispendio y genuflexión a los mandatos de los tres Consensos de Washington.
El Sol de México, periódico insignia de OEM, publicó ayer: CTM, un semillero de contratos de protección, en donde denunció: La vieja guardia cetemista continúa enriqueciéndose con la venta de derechos laborales que, junto con el manejo de las cuotas sindicales, representan para los líderes sindicales una verdadera mina de oro.
El reportaje de nuestro compañero Arturo Gómez contrasta la peor caída del poder adquisitivo de los mini salarios con la tarifa del 25 por ciento sobre nómina, establecida por los dirigentes cetemistas a los empresarios, y permitir prácticas ilegales como la contratación por hora sin prestaciones en Wal-Mart, MacDonalds, Toks y Suburbia.
Curiosamente, el ex Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Hidalgo, de 1980 a 1986, y actual diputado federal priísta, Gerardo Sosa Castelán, se quejó de la falta de regulación en internet en donde, advirtió, podría desarrollarse una guerra sucia en el próximo proceso electoral.
Fue más allá: Urgió una supervisión en los medios cibernéticos, una forma suave para sumarse a la posición del gobierno conservador de sugerir una reglamentación bajo el supuesto de prevenir y combatir la pornografía. Coinciden, entonces, los priístas y panistas en criminalizar al mensajero para dejar en impunidad a los protagonistas.
A sus 53 años de edad, con licenciatura en Derecho y maestría en Criminalística, el temor expresado por Sosa Castelan hacia los medios de comunicación, podría tener un fondo ajeno a la supuesta preocupación de mantener en la inocencia a los electores:
Impedir que se conozcan los sueldazos, prestaciones y corrupción, entre otras.
Véase, por ejemplo, que María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ex Coordinadora General de Comunicación Social, Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación y actual Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública (Info-DF), le dijo a El Sol de México:
El DF cuenta con una ley de protección de datos personales en posesión de las dependencias públicas, pero carece de una ley general de protección que evite el tráfico de información en poder de las agencias privadas, debido al cabildeo y presiones que ejercen empresas nacionales y extranjeras en las cámaras de Diputados y Senadores para impedir su aprobación.
Los argumentos englobados en los Estados Unidos bajo el concepto ambiguo e infinito de Seguridad Nacional, se complementan con la promulgación el dos de enero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada por el Congreso el pasado 11 de diciembre.
El comunicado de prensa, dijo: "Define las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Hay un problema: Las corporaciones policiacas carecen de la limpieza prometida y gracias a la intervención del Ejército Mexicano emerge en cada caso resuelto total o parcialmente, la participación de mandos y agentes relacionados con el llamado crimen organizado que costó la vida a más de 25 mil mexicanos en 2008.
En el caso del asesinato, desapariciones y agresiones físicas, verbales y jurídicas contra los periodistas mexicanos, el fiscal especial, Octavio Alberto Orellana Warco y su jefe Juan de Dios Castro Lozano, se apresuran a criminalizar a los periodistas y desacreditar las cifras de organismos internacionales, antes que investigar y extirpar la impunidad.
Un panorama desolador frente a la recesión económica.
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