En el 477 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, los mexicanos imploran el milagro de salvar al país en lo general y a cada ciudadano en particular. Es el último refugio de la esperanza ante la abdicación del gobierno federal que solazado en el autismo de administrar es insensible en la responsabilidad de gobernar.
La estrategia de negar la realidad es la aceptación de la derrota y la incapacidad manifiesta para responder a los desafíos de la agenda nacional. Atrincherados en la retórica, los que prometieron soluciones para hacerse del poder se ensoberbecen temerosos de no poder hacer. Y la excusa manifiesta la incapacidad de acción.
Un escenario repetitivo en cada renglón de la cotidianeidad de los mexicanos. Se niega la recesión y la amenaza de la quiebra técnica de las finanzas públicas, cuando se reducen en 30 por ciento las remesas de los inmigrantes y se desploma el precio mundial del petróleo por la voracidad del capital especulativo y la banca extranjerizada.
El hambre no existe en las cifras maravillosas del gobierno federal, cuando se padece el incremento del 150 por ciento en los alimentos básicos tan solo en el mes de mayo y se contrae el poder adquisitivo salarial, con el agravante del incremento de los desempleados sin posibilidad legal de poder acceder a los productos alimenticios.
Se entiende que es difícil aceptar la incapacidad de diagnóstico de la realidad para poder pensar en diseñar una posible solución y mucho menos esperar un programa de acción inmediato y a mediano y largo plazo. Eso corresponde a los estadistas que se curtieron en el arte de la política de gobernar. No en simples administradores.
Así se entiende que el egresado de la Universidad de Chicago, en donde se diseñó el fracasado Programa de las Américas en los 70, y aleccionado en el Banco Mundial, espere tranquilamente que la respuesta a la crisis mundial que afecta a la economía mexicana, llegue de las alturas imperiales, sin percatarse de que colapsó el imperio.
Para el miembro de la American Bar Association de los Estados Unidos y ex Director Corporativo de Planeación Estratégica en el grupo Desc, S.A. de C.V., vinculado al Carlyle Group, las 5 mil 376 ejecuciones del 1 de enero al 2 de diciembre de 2008, 117 por ciento más que en 2007, es su triunfo sobre el crimen organizado.
Usando sus palabras, sería una goliza del gobierno federal sobre los mexicanos, ya que la cifra total de 14 mil 492 homicidios dolosos muestra una eficiencia del 23 por ciento de aumento en relación a 2007 y del 29 por ciento en relación a 2005.
Lo más grave es la candorosa ligereza del fiscal especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, el notario coahuilense Octavio Alberto Orellana Warco, allegado al sofista Juan de Dios Castro Lozano quien se desempeñó como diputado y al mismo tiempo asesor presidencial.
El Profesor de Tiempo Completo Titular C de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, Unidad Torreón aceptó que en la administración Calderón han asesinado a 25 periodistas, pero "sólo" 3 tienen relación con su ejercicio profesional y "apenas" el 16 por ciento de 279 investigaciones se vinculan al crimen organizado.
Fue más allá. Se quejó de que enfrenta un gran reto “cuando el periodista es quien viola la ley, incluso en su afán de cobertura cuando los periodistas exigen responsables, pero no aportan elementos; cuando lo denuncian en prensa, pero no ante la autoridad".
Es decir, sin investigación de por medio, se criminaliza a las víctimas para minimizar la abdicación de su responsabilidad por la que cobra un jugoso sueldo y con base en el mandato constitucional, es el ministerio público, llamado popularmente como fiscal, el encargado de perseguir y cumplir los mandatos judiciales ¡no los periodistas!
El rosario es largo en el recuento de los daños en las aberraciones administrativas federales. Y se recuerda que la omisión está tipificada en el Código Penal que se pretende reformar, emulando al primer tecnócrata investido de presidente priísta, con las reformas que protegió a delincuentes de cuello blanco y penalizó a la prensa en 1983.
Hay una diferencia. El tiempo se agotó en los electores que no son los mismos de ayer.
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