Ciudad de México, 26 de nov.- Incredulidad ciudadana en los impartidores de la justicia mexicana. Solamente se denuncia el 22 por ciento de los actos delictivos. Lo peor, se inician averiguaciones previas en 3 de los hechos denunciados. Para el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, vivimos “condiciones críticas”.
Un efecto de la política inhibitoria de la denuncia. Por un lado, se aduce la protección de los derechos humanos para que los denunciados conozcan a sus denunciantes. Por el otro, se criminaliza a la víctima al exigirle una larga serie de requisitos para acreditar el hecho. Además del calvario y tiempo para levantar el acta.
Las cifras son contundentes. La séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad de 2010, sólo 22 de cada 100 delitos que ocurren a nivel nacional son denunciados, y en menos de 15 por ciento del total se inicia una averiguación previa.
Una realidad que garantiza la impunidad de los criminales. Para el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, la ausencia de denuncia es lo que hace proliferar un ambiente de impunidad, donde el delincuente sabe que hay poca probabilidad de que se le detenga y cumpla la pena que merece.
Le faltó mencionar que esta política profundizada por el gobierno federal encabezado por el panista moreliano, Felipe Calderón, tiene su razón de ser en la urgencia de mostrar un falso avance en su guerra contra el llamado crimen organizado que ha derramado la sangre de más de 31 mil mexicanos.
Así, hay que darle la razón al mandatario mexiquense, en el sentido de que “junto con la violencia que se ha extendido en México, la impunidad es la gran amenaza a las instituciones, a la ley y a la capacidad del estado para proteger a sus gobernados”.
Una observación que hizo el gobernador al inaugurar la 24 Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sostuvo que la legalidad, seguridad pública y justicia constituyen las bases fundamentales del Estado de derecho.
Fue contundente: “Nos dejan ver con toda claridad las condiciones críticas que vivimos en el país sobre la credibilidad en las instituciones, el respaldo que hay y algo que ya comentaba hace un momento: el desánimo social que hay, sobre todo, cuando no se aprecia contundencia y efectividad en el combate a la delincuencia y particularmente a la impunidad”.
La pregunta inmediata es: ¿Qué hacer? Parece ser que se agotó el tiempo de aprendizaje solicitado en el 2001 por el ex gerente de una embotelladora transnacional, Vicente Fox Quesada. México que disminuyó el combate a la criminalidad en el 80 por ciento del 2000 al 2004 y al cien por ciento de 2004 al 2006.
Empero, es una parte de la dramática y sangrienta realidad de los mexicanos. La otra parte es el desempleo creciente, se dice oficialmente que en 5.7 por ciento, y la reducción del pulverizado salario en aquellos que lo tienen, con el desmantelamiento de la planta productiva nacional a favor de las transnacionales.
Un sistema económico, que si bien se inició en 1982 con el adoctrinado en la Universidad de Harvard, Miguel de la Madrid Hurtado, debe reconocer que se agudizó a partir del 2000, reduciendo al límite de la extinción de las posibilidades de sobrevivencia de los mexicanos. Y la perspectiva es que lo peor está por venir.
Desde el exterior, la perspectiva es alarmante. En voz del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, México es un país tomado por los narcotraficantes. El presidente del sindicato de empresarios mexicanos, COPARMEX, el empresario oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, observó desde Berlín:
“México es un país de cárteles y no sólo de la droga, cada quien tiene un pedazo del país, hay monopolios y oligopolios que se rigen por sus propios intereses políticos. Tenemos que romper las estructuras que no nos permiten competir entre nosotros”.
Una respuesta inmediata sería esperar el relevo presidencial en 2012. Se mira muy lejano ante la premura de llorar y enterrar al número creciente de muertos, considerados por el panista moreliano, Felipe Calderón, como “daños colaterales”.
El hambre y sed de justicia se empalma, entonces, con la angustia del dolor en los estómagos vacíos, en un clima de violencia creciente, cuyo éxito se percibe únicamente en las estadísticas oficiales sustentadas en la política de la inhibición de la denuncia.
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