Ciudad de México, 21 de sep.- Cansados de llorar a nuestros muertos, ante la angustia de saber que el próximo puede ser uno mismo, escuchamos al gobierno la sospechosa explicación apresurada de criminalizar a las víctimas con su inútil pretensión de ocultar la impunidad de los delincuentes.
Véase por ejemplo, que en el asesinato en Ciudad Juárez el 16 de septiembre del 46º periodista en la administración Calderón, el 14º tan solo en 2010, Luis Carlos Santiago Orozco de 22 años, en donde quedó gravemente herido Carlos Manuel Sánchez Colunga, el vocero presidencial en materia de seguridad, dijo:
“la información que ha hecho la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, subraya en principio, hasta este momento de la investigación, motivos que no necesariamente están vinculados a la labor profesional de estas personas”.
Con base en el reporte del “avance” de la investigación entregado por la procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, existen tres líneas, todas sobre el entorno de la vida personal de la víctima.
Ya tiene experiencia. Recicló la mágica solución aplicada en el asesinato del periodista Armando Rodríguez Carreón ‘El Choco', reportero policiaco, el 13 de noviembre de 2008. “Nos dijeron que tenían solucionado el caso, y que hasta tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato... No tienen nada", recuerda Pedro Torres Estrada, subdirector editorial del Diario de Juárez,
Lo peor es que en los asesinatos de 46 periodistas a partir del 1 de diciembre de 2006 al 16 de septiembre de 2010 en diferentes partes de la República Mexicana, se repiten sospechosamente los mismos argumentos por diversos funcionarios federales, estatales y municipales que registra la misma historia de impunidad.
Sin descontar que la misma estrategia retórica existe en los cerca de 30 mil muertos, según cifras oficiales, atribuidas al llamado crimen organizado, destacándose la “explicación” de que eran sicarios los dos estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey, con la misma retórica a los estudiantes de Ciudad Juárez en enero.
Una dramática realidad que evidenció a nivel internacional la omisión que penalmente puede tipificarse de complicidad del gobierno fallido, en el angustioso editorial del 19 de septiembre de 2010 de El Diario de Juárez, titulado: "¿Qué quieren de nosotros?"
"Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio", señaló el rotativo juarense que ha sepultado a dos de sus periodistas y otro se encuentra gravemente herido.
Como una mala caricatura de Sísifo retórico, Alejandro Poiré Romero, vocero presidencial en materia de seguridad a partir del 19 de agosto de 2010, dijo: “El Gobierno Federal lamenta el fallecimiento de Luis Carlos Santiago Orozco y desea la pronta recuperación de Carlos Manuel Sánchez Colunga”.
Mostró la energía retórica incapaz de contener el baño de sangre en el país: “Rechazamos y condenamos categóricamente cualquier acto de violencia, en particular los cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación”.
La condena más fuerte fue hacía la víctima, el periódico: “Pero no cabe, en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales, que son justamente los que provocan la angustia de la población, los que generan los secuestros, los que extorsionan, los que asesinan, los que envenenan a la población, los que han generado ese clima de inseguridad”.
Conoce bien el guión: “Es una labor, desde luego, primigenia, de la autoridad, el combatir el delito, el hacer frente a las organizaciones criminales, el poner a los delincuentes detrás o a disposición de la justicia”. Lo que es cierto. Donde faltó a la verdad es en que cumple esta obligación el gobierno federal.
Aceptó Poiré Romero que la procuraduría General de la República solamente “coadyuva” en una investigación prejuiciada en el supuesto de que “no tenemos ahorita indicios específicos, por parte de la autoridad local, que sugieran eventualmente una participación por motivos de libertad de expresión”.
Y repitió el Sísifo retórico la sugerencia del panista moreliano, Felipe Calderón Hinojosa de reducir a los medios de comunicación en propagandistas del gobierno:
“La promoción, con apego a sus esquemas de autorregulación, de contenidos que eviten una apología del delito. La evaluación sistemática del cumplimiento por parte de todos los actores del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. La difusión de campañas para prevenir la violencia y las adicciones, así como para promover una cultura de la legalidad y la denuncia, y la apertura de espacios para que la ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido al fortalecimiento de la política de seguridad”.
El subdirector editorial del Diario de Juárez, Pedro Torres Estrada, resumió el sentir de los periodistas en particular y de los mexicanos en general: "Esa es su postura. Nosotros vemos lo extremo de lo que aquí ocurre, y no queremos que nos vuelvan a matar a otro reportero" y remató: "haremos lo que tengamos que hacer", ante la pasividad de las autoridades, que nos han llevado a esto.
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