Revés telecrático
Por MARIO LUIS ALTUZAR SUAREZ
Severo revés sufrió la telecracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la Ley Federal de Radio y Televisión, según el panista Santiago Creel, aprobada bajo presión en la legislatura foxista, otorgaba privilegios a los actuales concesionarios por encima de los mandatos constitucionales que amparan los derechos de todos los mexicanos.
Terminó así, el 5 de junio de 2007, la asonada telecrática mimada y solapada por el señor Vicente Fox y el orgullo de su nepotismo, Martha Sahagún, que emergió en febrero de 2002 con la condonación de un adeudo fiscal superior a los 40 millones de pesos, por medio del poder de la firma del delamadrilista Francisco Gil Díaz.
Los aplausos de ministros, políticos y periodistas en el recinto de la Suprema Corte al momento de escuchar el dictamen irrebatible sobre la llamada Ley Televisa, es el resumen de la lucha a favor de la libertad de expresión de todos los mexicanos, que se expresaron en prensa escrita y curiosamente, los medios electrónicos del Estado.
Con base en la discusión del 31 de marzo de 2006 en la Cámara de Senadores en que se aprobaron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, los dos monopolios tendrían privilegios para usufructuar indefinidamente y sin regulación, una propiedad del Estado y ofrecer servicios adyacentes.
Se trata de una aberración anticonstitucional si se considera el mandato del tercer párrafo en el artículo 27 de la Carta Magna: La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública (…)”
Con este principio constitucional se abandonó el principio feudal de que la propiedad era un derecho absoluto establecido exclusivamente en beneficio del propietario y se adoptó, en cambio, que si bien debe reportar un beneficio la propiedad, por encima de este se halla el interés de la sociedad en general.
Sin embargo, el señor Vicente Fox y su cónyuge creyeron que era posible retrogradar el tiempo jurídico y social de México, según se observa en el decreto del 10 octubre de 2002, elaborado en Televisa por el entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eduardo Medina Mora y negociado por Martha Sahagún con Bernardo Gómez de Televisa, para eliminar el pago en especie del 12.5 por ciento de los tiempos fiscales y que representaban arriba de los 20 mil millones de pesos en tiempo aire oficial.
Un año en que se auguraba a soto voce la intención madrugadora de heredar la presidencia y que al fracasar la intento foxista, aunado al posicionamiento del perredista tabasqueño Andrés Manuel López Obrador como potencial sucesor en Los Pinos, en 2005 se aceleró la creación de un poder supranacional, la telecracia.
Es absurdo que la Cámara de Diputados, en siete minutos aprobara en diciembre de 2005, con 325 votos, la minuta de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, aprobada en el Senado el 31 d marzo de 2006 para publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. Les ganaba la urgencia.
Los argumentos del priísta Mariano González de “absoluta mentira” la acusación de que “se despoja a la nación de sus recursos, de que se regala el espectro”, fueron rebatidas por el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar el ministro Juan Silva Meza que esas reformas: "se priva al Estado de tener una contraprestación del uso de los bienes de la nación, que en el futuro posibilitará la convergencia tecnológica, pues el uso concreto que se le da a determinada frecuencia, es el derecho del Estado a concesionar”.
www.arcanorevista.com