La sabiduría popular señala que se puede saber la fecha en que se saquen a los militares de los cuarteles pero jamás se podrá establecer el día en que se reingresen. Históricamente se demuestra que la incapacidad de los políticos se intenta ocultar en la militarización de la sociedad que conlleva a la suspensión de las garantías individuales.
En palabras del representante en México e la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra, del 13 de mayo: “Nosotros siempre hemos dicho que la utilización de fuerzas militares en tareas de seguridad interna es desaconsejable, justamente por los riesgos al que se someten a las propias fuerzas militares que están capacitadas para hacer otro tipo de tarea”.
Su opinión responde a que el 9 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el grupo especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal que deberá entrar en operación en 90 días.
El argumento central del nuevo cuerpo militar que estará bajo las órdenes directas del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es combatir al crimen organizado que ejecutó a cerca de mil personas en cuatro meses y medio, destacando el desafío a los militares con “levantones” y asesinato de oficiales en distintos puntos del país y el ataque y muerte de cuatro escoltas de los hijos del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto en Veracruz.
El baño de sangre, supuestamente por enfrentamientos entre sindicatos de narcotraficantes que dejó más de 10 mil muertos en la administración del señor Vicente Fox Quesada, se caracteriza por la contratación de exmilitares mexicanos (los Zetas) y guatemaltecos (Kaibiles) y por el asesinato selectivos de poco menos de 40 periodistas en la República.
Analistas diversos han señalado que el narcotráfico ha modernizado sus técnicas mediáticas para sembrar terror por medio de Internet y mensajes en las víctimas, así como en la desaparición y asesinato de periodistas al nivel de considerar a México como el país con el primer lugar de reporteros victimados y desaparecidos en el mundo.
Un panorama que parecería justificar la urgencia de crear cuerpos de elite con tres mil 500 elementos que serán entrenados en 90 días y bajo las órdenes directas del presidente Felipe Calderón, iniciar la batalla contra el crimen organizado que permita cumplir la promesa presidencial de recuperar las calles y seguridad de la población civil.
Sin embargo, el Artículo 21 de la Constitución señala: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel”.
Hay razón si se recuerda que hasta antes de 1910, los jueces tenían la facultad no solo de imponer las penas previstas para los delitos, sino de investigar estos, lo que le otorgaba un poder casi ilimitado ya que tenía en sus manos la facultad de investigar, acumular pruebas, procesar y sentenciar a los acusados.
Una situación que parece repetirse en el nuevo cuerpo militar al señalarse en el Decreto del 9 de mayo entre sus atribuciones tan ambiguas el responder en situaciones en que “surjan fenómenos y situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos o la estabilidad de cualquier parte del país".
Con estos elementos, la Santa Inquisición de Torquemada o los SS de Adolfo Hitler, parecerían juego de niños, reduciendo el sistema democrático a la dictadura, lo que confirmaría que el escenario de violencia desbordada en el foxismo es artificial y tiene como único objetivo el someter a los mexicanos al Destino Manifiesto estadounidense.
El Congreso tiene la palabra para cumplir su responsabilidad histórica de salvar al país de este Golpe de Mano.
*Vocero del Consejo Masónico Mexicano.
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