Dijo el gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours Castelo, el 23 de enero de 2007: “Sabemos muy bien quien es el dueño de esos perros”, en referencia a los medios de comunicación que publicaron la versión de un policía que vincula al hermano del mandatario en la desaparición en abril de 2005 del reportero Alfredo Jiménez Mota.
Acusó de problemas de adicciones y delirios de persecución al teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, policía municipal del Estado de Sonora, para desacreditar su denuncia del 17 de enero de 2007 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre la presunta vinculación de Ricardo, hermano del gobernador, con el crimen organizado.
Sin embargo, a las 14 horas del 21 de mayo, elementos del 73 Batallón de Infantería de la IV Zona Militar incautaron 136 paquetes en bolsas de plástico con cocaína y 11 con cristal en una revisión realizada en el Precos de Benjamín Hill a un camión de Transportes Refrigerados Maciza, que transportaba pollos Bachoco, propiedad del gobernador.
Versiones de prensa señalaron: “Bachoco no ha emitido una versión de los hechos, pero en los (cuatro) decomisos pasados ha sido el Gobierno del estado el que ha asegurado que el Gobernador nada tiene que ver con la operación de la empresa familiar, la cual a su vez encarga el transporte de su producto a otras empresas”. Aunque ahora existe silencio.
Dos días antes, el 22 de mayo, el ingeniero que logró desarrollar, se dice en su biografía oficial, “una de las empresas más exitosas en su ramo a nivel nacional, Bachoco”, anunció que se negaría a declarar sobre temas de seguridad que se habían caracterizado por rechazar el operativo militar anticrimen después de la incursión del narco el 17 de mayo en Cananea.
Si bien el arribo de 80 sicarios que se piensa salieron de Tamaulipas y levantaron a 7 policías y dos empresarios en Cananea, es la gota que derramó el vaso, hay otros hechos: El 16 de abril fue secuestrado el reportero Saúl Noé Martínez, del Diario de Agua Prieta, en la estación de policía y el periódico Cambio Sonora sufrió dos atentados en el mismo mes.
En el caso del reportero Alfredo Jiménez Mota, desaparecido desde el 25 de abril de 2005, mereció especial atención del mandatario estatal hasta el 23 de enero de 2007 para exigirle al procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, una investigación a fondo y adelantó: “no se desprenden elementos de las notas publicadas recientemente que pudieran sustentar una investigación, por lo que no se considera necesario llamar a declarar a las personas mencionadas en esas notas”.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras tiene una versión contraria. Denunciaron que el periodista de El Imparcial había recibido unas grabaciones que implicaba al hermano del gobernador, Ricardo, con el narcotraficante Enrique Parra, liberado sospechosamente meses antes y que apareció muerto con sus cómplices.
Además de haber escrito sobre esa sospechosa liberación, Jiménez Mota había publicado en enero de 2005 un reportaje que vinculaba a “Los Gueritos” ó “Los Números” de Parra con los narcotraficantes sinaloenses llamados “Los Tres Caballeros”, encabezados por Beltrán Leyva y que pertenecen a la banda del Chapo Guzmán.
Sin embargo, la pasividad ha sido la línea central de la procuraduría local, según Reporteros Sin Fronteras y que se extiende al caso de Saúl Noé Martínez y los dos atentados contra Cambio Sonora, uno de los 74 diarios de OEM, que esta semana será cerrado “temporalmente, porque el gobernador de Sonora no ha mostrado ni la voluntad ni el deseo de proteger aquello que está obligado a proteger", anuncio Mario Vázquez Raña.
Para el especialista en derecho penal, Raúl Carrancá y Rivas, el que Robinson Bours sea miembro de esa familia y se conjuga con la pasividad del Gobierno estatal "eso se vuelve tremendamente sospechosos en grado superlativo". Máxime que a los periodistas y medios de comunicación le merecen al mandatario, su repudio por considerarlos “perros”.
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