Claudicó el gobierno federal del señor Felipe Calderón a preservar el Estado laico y entronizar la religión de Estado al llamar la Secretaría de Gobernación al Gobierno del Distrito Federal a dialogar con el alto clero político sobre la iniciativa de ley para despenalizar el aborto. Un modernismo que retrocede dos siglos el reloj histórico.
En una carta firmada el 19 de noviembre de 2006 por el vocero del equipo de transición, Maximiliano Cortazar Lara, se afirma que Calderón Hinojosa "no hizo mención alguna a los contenidos del artículo 24 de la Constitución", al asistir a la a la 82 asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que se llevó a cabo en su sede de Lago de Guadalupe.
Se puntualizó en esa misiva dada a la opinión pública que el presidente electo "reiteró que su gobierno mantendrá una relación respetuosa con todas las instituciones religiosas y refrendó su compromiso por mantener el Estado laico en nuestro país". Y confirmó su credo juarista el 21 de marzo en el Palacio Nacional.
Elementos que fueron ignorados por su gabinete el 24 y 25 de marzo de 2007 al realizarse un congreso de Provida, encabezado por Jorge Serrano Limón inhabilitado jurídicamente por un supuesto desvío de recursos públicos, con la participación injerencista en asuntos internos de cuando menos un legislador estadounidense y un enviado especial del Papa.
Una posición de fuerza para oponerse a la despenalización del aborto que impulsa el PRD en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y que ya fue ampliada hacia la Cámara de Diputados en donde Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género presentó un proyecto de reformas para legalizar a nivel federal la interrupción del embarazo por razones económicas, por ser portadora del sida, entre otras.
Serrano Limón que renunció a un cargo en la Secretaría de Gobernación después de las denuncias públicas de su militancia en el Opus Dei, anunció acciones agresivas para oponerse a la iniciativa de los legisladores y que abrió un frente político para recibir al Nuncio apostólico, el francés Christopher Pierre.
El clérigo que llegará en mayo próximo está vinculado al italiano Ángelo Sodano, fallido aspirante a suceder en el Trono de Pedro a Juan Pablo II y reconocido miembro del Opus Dei, una cofradía radical favorecida en el sexenio del señor Vicente Fox y financiada por el patriarca del pan de caja, Lorenzo Servitje Sendra.
Lo que en un principio se entendió como un desafío a los votos laicos y constitucionales del señor Felipe Calderón, adquirió una nueva dimensión al anunciar el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar, que hizo un llamado al Gobierno del Distrito Federal para que dialogue con el Cardenal Norberto Rivera.
Su argumento de que la Secretaría de Gobernación a cargo del panista jalisciense Francisco Ramírez Acuña, le apuesta a la cordura, la tolerancia y la libre manifestación de las ideas pretende darle personalidad jurídica por demás anticonstitucional al beligerante clero político: la defensa de la vida es un principio doctrinal de la Iglesia católica desde siempre y se aplica en todo el mundo, “no es privativo de lo que pudiera ocurrir en el país”.
En castellano castizo se entiende que el gobierno federal claudicó de preservar la Constitución y el Estado laico y pretende someter al Poder Legislativo al Poder Clerical, retrocediendo al tiempo de la llamada Santa Inquisición, brazo policiaco de la Religión de Estado con sus juicios sumarios y hogueras para los llamados infieles.
Un proceso que se inició en 1977 cuando se designó al argentino Girolamo Priggioni como representante del Papa en México y que logró la reforma salinista al artículo 130 constitucional, con el aval del masón Manuel Jiménez Guzmán, en 1992. Después de 30 años nos encontramos, entonces, con la instauración de la Religión de Estado en el génesis modernista del oscurantismo medieval.
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