Concelebrantes

Por MARIO LUIS ALTUZAR SUAREZ

Celebró el presidente Felipe Calderón sus 100 primeros días de gobierno en un Palacio Nacional militarizado, con un promedio de 20 ejecuciones diarias, la controversia sobre la Ley del ISSSTE y el escándalo clerical por la despenalización capitalina del aborto.
La información preliminar mencionaba unos mil 500 invitados que asistieron a partir de las 17: 40 horas al Zócalo capitalino cercado y amurallado con vallas metálicas de dos metros de alto y las entradas al metro cerradas. Una festividad hermética que parece ser el signo de los tiempos de una administración militarizada.
En su discurso se refirió el señor Calderón a la lucha anticrimen que en las dos semanas recientes promediaron 20 ejecuciones diarias, principalmente de policías y el fallido atentado contra un general adscrito a la seguridad pública en Tabasco, así como en el caso de un diputado priísta en Nuevo Laredo, como augurio de que nadie está a salvo.
Un panorama que explica las excesivas medidas de seguridad en torno al presidente Felipe Calderón, y que al mismo tiempo proyectan la improvisación de los operativos policíacos y militares contra el crimen organizado que confirma con sus acciones, que asumió el control del país en la Era de Fox por su sospechosa omisión para actuar a favor de la seguridad.
Paralelamente destacó el tema del aborto que intenta despenalizar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, dominada por el PRD y que según el alto clero político es una venganza por su rechazo a proteger al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador cuando se le intentaba desaforar por el incompetente foxismo.
Y aunque su vocero oficioso, el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, secretario general adjunto del PAN, hace cruces por lo que considera un atentado al derecho a la vida de los seres en gestación, lo cierto es que la iniciativa para despenalizar el aborto en el Distrito Federal pecó de apresurada e improvisada.
El tema muestra varias aristas. Es cierto que oficialmente se aceptan que 100 mil mujeres abortan clandestinamente y en condiciones de inseguridad y antihigiénicas, lo que representa un próspero negocio a los médicos que sin ética someten a sus pacientes a estas intervenciones, sin importar que arriesgan su vida.
Un negocio tan grande como el millón de abortos anuales que registró en 2005 en sus investigaciones la Universidad Nacional Autónoma de México, y que aumentó en cien por ciento en comparación a las cifras documentadas en 2003, según lo dio a conocer el potosino Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Masónico Mexicano.
Parecería ser, entonces, que al ser legal el aborto se convertiría en una prestación de los servicios médico asistenciales a los derechohabientes y surge la pregunta: ¿Si la crisis económica impactó a la infraestructura médico asistencial en donde es constante la denuncia de la falta de medicamentos, podrá responder a los nuevos requerimientos?
Obsérvese, por ejemplo, que la reforma a la Ley del ISSSTE para recapitalizar a la institución, ha generado serias confrontaciones al grado que el 15 de marzo los diputados perredistas tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados, por considerar que se afectarán las pensiones y jubilaciones de la burocracia. Una situación similar enfrenta el IMSS.
Parecería ser, entonces, que los únicos beneficiados serían los servicios privados que solamente serían accesibles a las clases pudientes y la mayor parte de abortos clandestinos por razones económicas, de ignorancia o por inducción de la televisión y el internet en la pérdida de valores al promover el famoso destape a la mexicana, seguirán igual o peor.
Tiene razón el presidente del Consejo Masónico Mexicano de que la ley por sí sola no resolverá el problema y que deben corregirse y revisarse los programas oficiales sobre las medidas preventivas y ajustar los mecanismos anticonceptivos a la realidad regional, ética y moral de las mujeres, así como de la educación sexual en las escuelas.
Y estos temas, además de estar ausentes entre los legisladores también están fuera de la agenda del celebrante de sus primeros 100 de gobierno y sus invitados clericales.
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