Despenalización
Por MARIO LUIS ALTUZAR SUAREZ
Al despenalizar los supuestos delitos de prensa, la Cámara de Senadores dio un pequeño paso en el marco legislativo pero grande en la restauración de la democracia. Aún falta derogar la Ley Mordaza conocida como Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y extirpar la impunidad para anular la Mordaza de Sangre.
El 6 de marzo las Comisiones Unidas de Justicia presentaron al pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa para derogar del Artículo 350 al 363 del Código Penal Federal en que se tipificaban y sancionaban penalmente los delitos, de injurias, difamación y calumnias para adicionarlos a los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil.
Once 11 meses después de su aprobación en la Cámara de Diputados, lo senadores lo hicieron en primera lectura con 102 votos a favor y la abstención del exgobernador de Aguascalientes y subsecretario de Gobernación foxista, Felipe González González de 60 años de edad con bachillerato terminado en sistema abierto y cursos administrativos.
Termina así la práctica de llevar a juicio a los periodistas desde 1983 en que se tipificaron los delitos prensa y se flexibilizaron los delitos de cuello blanco en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, aunque falta adecuar las constituciones estatales que en congruencia con el foxismo de encausar a sus críticos, excedieron esta penalización.
Por ello, si bien se ganó una batalla por la sociedad civil, en donde participaron activamente el Club Primera Plana y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) con 154 agrupaciones asociadas, la guerra es larga para rescatar el libre ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
Existe aún la Ley Mordaza aprobada al vapor por los senadores en enero de 2001 y que entró en vigor al publicarla el señor Vicente Fox el 11 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación como Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que por su anticonstitucionalidad debe ser derogada.
Véase el mandato del Artículo Sexto: “el derecho a la información será garantizado por el Estado” mientras que los artículos 13 y 14 de la ley referida resguarda toda la información pública bajo el sofisma ambiguos como amplio de “seguridad nacional” y en el artículo 63 se inhibe a los funcionarios y periodistas de divulgar esa información bajo amenaza penal señalada en el artículo 64.
Elementos contrarios a los tratados internacionales firmados por México, si consideramos, por ejemplo, que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, ordena:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Otro punto pendiente compete al gobierno federal. La Federación Latinoamericana de Periodistas denunció la muerte de 32 periodistas en el sexenio del cambio fallido. Aunque el sindicato de empresarios del periodismo estima una cifra inferior, lo cierto es que se les aplicó la Mordaza de Sangre y se les arrancó el derecho a la vida.
Todos los crímenes se encuentran en la impunidad y las manoseadas investigaciones judiciales, cuando existen, se orientan a la responsabilidad de las víctimas. En otros casos, como lo explica el sofista Juan Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, la descoordinación e incompatibilidad entre las leyes federales, estatales y municipales, permiten la impunidad de los asesinatos atribuidos cómodamente al crimen organizado.
Por si fuese poco, sigue sin nombrarse al fiscal especial para atender estos casos en la Procuraduría General de la República. Largo y sinuoso camino es, entonces, el rescatar la palabra de todos los mexicanos.
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