Sembró la duda. Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación de la presidencia de Nicaragua, fue tajante: “Fox… brindó el poder a las redes de narcotráficos que se apoderaron de las instituciones mexicanas”. Se entendería el crecimiento del llamado crimen organizado que desafían al presidente Calderón.
Podría decirse que es una respuesta del gobierno nicaragüense al calificativo de Vicente Fox de “mesiánicos” a los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Hugo Chávez de Venezuela, quienes, dijo el mexicano, apoyan a las FARC de Colombia, en una conferencia patrocinada en Managua por el estadounidense IRI.
Al margen de las doctrinas políticas entre nicaragüenses con el de San Cristóbal, lamentablemente existen indicios sobre el señalamiento de la primera dama de Nicaragua, y lo más grave, es que en México las actuales investigaciones policíacas terminan en el encausamiento de agentes y cuando mucho, en subdirectores.
El 3 de octubre de 2007, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Independiente de la PGR, denunció que en el foxismo se redujo el 85 por ciento la aspersión de áreas de plantíos de marihuana y amapola y desapareció totalmente en noviembre de 2006, que fue informada e ignorada por Vicente Fox en febrero de 2006.
Un elemento clave en la violencia, parece originarse el 20 de enero de 2001, con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Fueron condenados dos custodios.
Versiones periodísticas del 13 de agosto de 2008, recordaron que el 11 de enero de 2003 aseguró el ejército 4.8 toneladas de marihuana en la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, cuyos agentes no reportaron al Ministerio Público.
Para el 16 de enero los militares tomaron el control de las cuatro agencias y de las 16 bases de intercepción terrestres de la fiscalía antidroga y encontraron células de protección a narcotraficantes, indebida integración de averiguaciones previas, liberación sospechosa de detenidos, aseguramientos ilegales, y retención de droga o bienes.
De los 160 elementos de la FEADS que laboraban en 11 estados del país, 24 quedaron sujetos a investigación. El procurador Rafael Macedo de la Concha desapareció la FEADS y creó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Borrón y cuenta nueva con los mismos mandos intermedios.
El siete de diciembre de 2005, El Universal publicó un video en el que uno de los sicarios interrogados narra cómo se planeó un asesinato "a nivel estatal, para no molestar mucho al licenciado Vasconcelos". El relevó de Macedo de la Concha el 27 de abril de 2005, Daniel Francisco Cabeza de Vaca argumentó que todo estaba montado y dijo: "(José Luis Santiago Vasconcelos) es un hombre de resultados, hay una confianza y respaldo a su trabajo".
Sin embargo, Santiago Vasconcelos parece ser que perdió la confianza de sus amigos en los Estados Unidos que la apuntalaban desde 1993 en la PGR y se le renunció el cinco de agosto de 2008, coincidente con el anuncio presidencial de fortalecer las acciones multinacionales contra el narcotráfico.
La violencia alcanzó el 20 de septiembre de 2005. El secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta murió en un sospechoso accidente de helicóptero cuando se dirigía al penal de máxima seguridad La Palma, en el Estado de México. Al lugar llegó primero el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares y aumentó la sospecha al reservarse por 12 años la información del supuesto accidente.
La PGR informó mediante comunicado de prensa del 13 de agosto de 2008, que se arraigó por 40 días a un coordinador técnico de la SIEDO y a cinco elementos de la AFI acusados de filtrar información reservada de averiguaciones previas en curso a personas no autorizada. En lenguaje llano: Era el escudo de los hermanos Beltrán Leyva.
Con este solo caso de cuando menos 14 sindicatos de narcotraficantes, surge la pregunta: ¿Hasta dónde se infiltró el narcotráfico? ¿Por qué? Y la nicaragüense Rosario Murillo acusó a Vicente Fox de entregar las instituciones al narcotráfico.
Un indicio sería el numero de comandantes y agentes federales ejecutados a raíz de la detención por parte del ejército de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” el 20 de enero de 2008 en Culiacán. En mayo levantaron y asesinaron o simplemente los ejecutaron a 556, en junio 646 y julio 581.
Una realidad que desafía a la administración conservadora de Felipe Calderón y que en la retórica se confunde el secuestro y asesinato entre bandas de narcotraficantes con el secuestro de personas desde la modalidad exprés hasta la retención por meses y en los casos de asesinatos, las investigaciones conducen a policías federales, estatales o municipales en activo y sus cómplices retirados.
Es difícil pensar que se carece de la información precisa para incurrir en estos errores y que parece más bien, una estrategia para conducir al endurecimiento jurídico y su homologación con los niveles de los Estados Unidos, incluida la legalización de que mandos policíacos estadounidenses supervisen in situ el Plan Mérida.
Como si se buscara dejar irresoluble el problema cuando Vicente Fox resucitó como operador político del PAN y agente de inducción de la agencia llamada Instituto Republicano Internacional creado en 1983 por el presidente Ronald Reagan para desestabilizar a los gobiernos contrarios a los Estados Unidos.
Y así no se llega a la solución.
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