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Estrategia cuestionada


Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ



No convence el presidente Felipe Calderón, ni a los de su casa. Y es que esa visión de que el gobierno federal le está ganando la batalla al crimen organizado, es cuestionada, incluso, por sus mismos correligionarios, ya ni se diga por los contribuyentes que observan el aumento de ejecuciones y la graciosa huída de los policías amenazados de muerte.


Bajo la tesis del procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, de que el incremento de la violencia sangrienta en todo el país, es un síntoma de la debilidad del crimen organizado por haber sido afectado en sus estructuras organizativas y financieras, parece un avestruz el gobierno encabezado por el panista michoacano, Felipe Calderón.


En un fracaso de dimensiones tan grandes, el problema es interno. Recordamos que los trabajadores de la PGR denunciaron en una sesión comida con el Club Primera Plana en 2007, que en la administración del ex gerente de una embotelladora transnacional que usa la hoja de coca como elemento base, se redujo en 85 por ciento el combate al narco.


Puede observarse que el baño sangriento se inició casi en forma simultánea a la toma de protesta como presidente del señor de San Cristóbal, como si cada sindicato de mafiosos se sintiera con protección e inmunidad para atentar contra sus competidores, y que al percatarse de la ausencia de tal protección, inició el ataque frontal a las fuerzas de gobierno.
Un hecho altamente preocupante se registró el 20 de septiembre de 2005. Murió el secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, oficialmente se dijo que en un accidente de helicóptero por un error del piloto cuando se sabía de la experiencia del personal. Se descartó que el accidente en el Estado de México fuese un atentado.


Para tender una cortina de humo, el comandante Edgar Millán se apuntó un sonado éxito al resolver a escasas horas del supuesto accidente en que murió el funcionario federal, el secuestro del técnico argentino Rubén Omar Romano, con cámaras de televisión y un operativo de película, cuando habían pasado meses sin resultado alguno.


Curiosamente, el 7 de mayo de 2008, cuando Edgar Millán era Coordinador General de Seguridad Regional de la PFP, fue asesinado en el interior de la unidad habitacional en que vivía, e inmediatamente se conoció que los Beltrán Leyva habían ordenado el crimen y se organizó por medio de uno de los agentes subordinados al funcionario policíaco.


Dos días después, la CNN vinculado a los intereses económicos y políticos de la Casa Blanca desde la guerra del Golfo en 1990, tituló un análisis: La ejecución de Edgar Millán y el tamaño del enemigo, en donde se intenta inducir la posible responsabilidad de los sindicatos de narcotraficantes que operan en el Distrito Federal.


Puede mencionarse que el entonces Procurador General de la República, Mariano Herrán Salvatti sufrió cuando menos dos atentados, y uno el fiscal antinarco José Vasconcelos, que se desactivó por la oportuna intervención de Joel Ortega Cuevas, al frente de la Policía Preventiva del Distrito Federal.


Sin embargo, saltan dos nombres: Eduardo Medina Mora, que además de sustituir al “accidentado” jalisciense Ramón Martín Huerta, se había desempeñado como director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de diciembre de 2000 a septiembre de 2005 y anteriormente como director adjunto en el grupo Desc, S.A. de C.V.


Grupo Desc, presidido por Fernando Senderos Mestre, desapareció el 29 de marzo de
2007 y su área de autopartes, químico, productos de consumo, alimentos e inmobiliario cambió a Grupo Kuo, S. A. B. de C. V., tres meses después del relevo presidencial.


El otro nombre es Roberto Campa Cifrián, Coordinador del Sistema de Seguridad Publica Nacional designado por Felipe Calderón. Un hombre que responde al mando de la comiteca Elba Esther Gordillo Morales, con ascendencia sobre el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.


Debe recordarse que otro alfil de la propietaria del SNTE es el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, el segundo del malogrado Ramón Martín Huerta, y que aspira a suceder al opaco priísta Fidel Herrera Beltrán en el Palacio de Jalapa.


Con estos elementos, no es que sea uno mal pensado pero se antoja urgente no solo el cambio de estrategia para combatir al narcotráfico, sino a los encargados de ejecutar el compromiso presidencial de restaurar la seguridad a todos los mexicanos.


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