Tregua. Así lo anunció el Ejército Popular Revolucionario. Y respira el gobierno federal. Estarán a salvo las instalaciones federales. Aunque sea un grupo que le apostó al debilitamiento institucional. Su causa y origen es distinto. Exigen la presentación de dos de sus miembros. Fueron desaparecidos el año pasado. Allá, el México profundo. En Oaxaca.
El comunicado del grupo guerrillero que atacó instalaciones petroleras entre 2007 y 2008, que generó el miedo del cumplimiento de la ley del péndulo histórico en que los mexicanos pagan una costosa cuota de sangre para restaurar el pacto social en que el ser humano sea el epicentro de toda actividad política, sería la respuesta a la acción oficial.
Y es que la administración conservadora federal por fin reaccionó y asumió la voluntad de darle solución al problema de los dos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la capital oaxaqueña: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Bravo).
Con base en la información periodística, el viernes 26 de abril habrían sido detenidos, en Oaxaca el subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández y en Huatulco el policía ministerial Ángel Reyes. El sábado 27 de abril con apoyo del Ejército fueron detenidos los agentes Ángel Cruz y Edgar Toledo y los peritos Gerardo Trujillo, Javier Matías y Luis Carmona.
Y también fueron llevados a las instalaciones de l SIEDO en el Distrito Federal el subdirector administrativo Ricardo Canseco y el director de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Romeo Ruíz García, primo del gobernador.
Se sabe que desde el 19 de abril se tenía listo el operativo de parte del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, Jesús Cárdenas Méndez y que se cumplimentó una semana después.
El mismo 28 de abril, el Ejército Popular revolucionario dio a conocer un comunicado en que anuncia la tregua unilateral de sus acciones militares, mientras dure la intermediación del arzobispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el abogado y periodista Miguel Angel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas y Sra. Senadora Rosario Ibarra, con el gobierno federal.
A simple vista, se entendería la reacción del gobierno federal a escuchar a los llamados intelectuales, para dialogar y buscar la desmovilización de los eperresitas, y enfrentar el interés familiar de un gobernador priísta, muestra su buena voluntad.
Sin embargo, emergen serias interrogantes en medio de un clima político enrarecido, por decir lo menos. Un comandante militar denunció con pruebas, la protección del sindicato de narcotraficantes de los Arellano Félix en Baja California, en por lo menos, los tres recientes gobiernos panistas y se equilibraría la balanza con un gobierno priísta.
La suspicacia surge ante la dilación de respuesta oficial a las justas demandas del EPR para que presenten vivos a sus dos compañeros. ¡Casi un año para descubrir que el hilo de la investigación pudiese estar en los registros de detenidos!
Además, coincide con la posible elección del tricolor oaxaqueño José Murat Casab como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 1 de mayo.
Si políticamente existen dudas fundadas sobre la oportuna investigación, judicialmente emergen indicios de una posible trampa, ya que el panista michoacano investido como presidente por escaso medio punto sobre su cercano competidor, ha sostenido dentro y fuera del país que se vive en un Estado de Derecho.
Emerge la pregunta: ¿Cuál será la base de la negociación? Debe considerarse que el EPR se adjudicó los atentados contra ductos petroleros en Guanajuato, Querétaro, Veracruz. ¿Serán amnistiados? ¿Ofrecerán un juicio justo? ¿Entregarán los eperristas a sus compañeros? Tantas preguntas más.
Socialmente se observa una reacción conservadora selectiva y apresurada a un grupo que se piensa que encabeza una coordinación nacional guerrillera, si se considera que en diversos puntos del país se han denunciado las impunes desapariciones forzadas, incluidos los de periodistas, así como el asesinato de 46 comunicadores del 2000 a la fecha.
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