Concedió el presidente de México, Felipe Calderón, el beneficio de la duda a las víctimas mexicanas en la invasión territorial de Colombia a Ecuador el 1 de marzo de 2008, en respuesta a la apresurada y sin pruebas, acusación del mandatario colombiano, Álvaro Uribe, de “terroristas y guerrilleros” para justificar la agresión a un país vecino.
Envalentonado el mandatario colombiano por una denuncia del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Vigilancia Penal, que encabeza José Antonio Ortega Sánchez y depende de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ante la Procuraduría General de la República por “terrorismo internacional”, y proclamó su “verdad” en Cancún.
Sin embargo, en el capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial que reunió a siete jefes de estado, 11 secretarios de comercio y 530 magnates, dominó parte del tiempo el tema de los cuatro mexicanos asesinados y una herida en territorio ecuatoriano por la invasión militar colombiana a su vecino.
Ahí, el presidente Felipe Calderón atajó a su homólogo colombiano: “Tenemos cada quien hipótesis, pero el dolor de los padres y la memoria de sus hijos merecen el beneficio de la duda”, en coherencia con su compromiso del viernes 11 de abril ante el presidente ecuatoriano, Rafael Correa y familiares de la víctimas, para defender a los mexicanos.
Un hecho que estuvo a punto de descarrillar la cumbre de Río en Santo Domingo y que, se esperaba al concluir el capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, que los mandatarios de Colombia, Costa Rica y México proclamaran la Carta de Cancún, y sin explicación oficial, se canceló y solamente se clausuró por el presidente mexicano.
Por ello, no sería casual que el señor Uribe encontrase simpatizantes oficiosos que buscan criminalizar a las víctimas mexicanas para apuntalar sus intereses económicos transnacionales, afianzar sus relaciones clericales, intentar debilitar a la educación pública y sembrar la división y el odio entre mexicanos, con acusaciones infundadas.
Primero, se observa la ineficiencia de los servicios de inteligencia colombianos en colaboración estrecha con las agencias espías de los Estados Unidos, al difundir el 16 de marzo de 2008, una fotografía en donde aparece el comunista colombiano conocido como Raúl Reyes con el que decían era el ministro de Seguridad del Ecuador, Gustavo Larrea.
Se traba en realidad del dirigente comunista argentino Patricio Etchegaray. Un elemento que hace dudar de la veracidad del dicho del socialdemócrata Uribe Vélez, en relación a los estudiantes de la UNAM victimados en territorio ecuatoriano y en donde la sobreviviente tiene calidad moral para denunciar el particular estilo militar colombiano.
Segundo: Un panorama en donde emerge José Antonio Ortega Sánchez, defensor de Angelina Ramírez Tafolla, viuda de Pedro Pérez Hernández, chofer del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinados el 24 de mayo de 1993 en Guadalajara, y promotor de la teoría de la conspiración masónica y salinista del cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
La Procuraduría General de la República informó el 11 de junio de 2003 que el abogado intentó inducir las declaraciones de los supuestos testigos y ahora acusa de terrorismo internacional a Lucía Andrea Morett Álvarez, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y por ello, asilada política en Nicaragua.
Un membrete que depende de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en donde su presidente, el regiomontano Ricardo González Sada, es Director General de Asuntos Corporativos desde el 7 de marzo de 2005 en FEMSA, la embotelladora que dirigió Vicente Fox y con el cien por ciento de acciones colombianas desde mayo de 2003.
Además, debe observarse que el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, socio de la American Bar Association fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de diciembre de 2000 a septiembre de 2005 y el 28 de septiembre de 2005, fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Convergen, entonces, los intereses económicos y políticos del Señor de San Cristóbal por encima de los intereses de la nación y de las víctimas mexicanas.
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