Se confirmó la participación clerical en la elección a gobernador de Jalisco. Lo más grave, es que también emergió el tentáculo de los Estados Unidos. Además, de que se involucra a todo el Partido Acción Nacional. Se afecta, entonces, a la administración Calderón pese a que el presidente se negó a ungir al mandatario jalisciense.
La denuncia pública, en el periódico Milenio de Guadalajara, es irrefutable. Se dio a conocer un documento “sensible pero no clasificado” por el Departamento de Estado de la administración Bush, enviado por el Consulado de los Estados Unidos en la perla tapatía, sobre el encuentro de Emilio González Márquez con oficiales estadounidenses.
Con base en el documento dado a conocer por el periódico, a las 14: 00 horas del viernes siete de octubre de 2005 llegó el entonces alcalde de Guadalajara acompañado del que sería su sucesor, Luis Alberto Reyes Munguía, al Consulado de los Estados Unidos, ubicado en López Cotilla y Progreso.
Sus anfitriones, la cónsul Sandra Salmon y Kevin Richardson escucharon la oferta de cooperación absoluta con los Estados Unidos y el anuncio de que tres mil curas operarían la elección para que ganase la gubernatura. Surge la primera pregunta: ¿En que sustentó la seguridad de ser el candidato cuándo las primarias panistas fueron el 18 de diciembre?
Un indicio de su fuerza política del gobernador aparece el 16 de enero cuando dice: “Yo estaré cerca de donde está Paco (Ramírez Acuña), como lo he estado, pidiéndole su apoyo y sus consejos también”. Importante posición si se considera que un día antes, el 15 de enero, el jalisciense lo habían renunciado a la Secretaría de Gobernación.
Ramírez Acuña caracterizado como secretario de Gobernación por su precipitada declaración de meter las manos al fuego por el ex presidente Vicente Fox y enmendarse posteriormente, además de tener el mérito de haber destapado a Felipe Calderón es un estrecho amigo del cardenal Juan Sandoval Íñiguez con quien jugaba golf cada semana.
Lo mejor, en ese tiempo, que Francisco Ramírez Acuña era el gobernador de Jalisco por el PAN, partido al que ingresó desde 1969, ese 18 de diciembre de 2005, cuando Emilio González Márquez obtuvo 55 por ciento de la votación, suficientes para dejar en la orilla al ex alcalde de Guadalajara Fernando Garza, en tercero Macedonio Tamez y el último, Raúl Octavio Espinoza.
Recuérdese que mes y medio antes, el siete de octubre, González Márquez informó al Consulado de los Estados Unidos que sería el próximo gobernador de Jalisco, y por lo mismo, con excelente influencia en las filas partidistas, garantizada por su cercanía con el ya candidato presidencial del PAN, electo el 23 de octubre.
Es difícil soslayar que Alberto Cárdenas Jiménez denunció irregularidades a favor de Felipe Calderón y Santiago Creel Miranda en las primarias presidenciales del PAN en donde, incluso, amagó con dejar la contienda interna. Al final prosiguió.
Si con estos elementos se confirmaría la maniobra del alto clero político en las elecciones a gobernador y que explicaría la macrolimosna por 90 millones de pesos a la construcción del Santuario de los Mártires y la Ruta Cristera, bajo el argumento de no usar recursos federales para eludir cualquier investigación, deja otras preguntas.
Con los jaliscienses se ha denunciado la existencia de ese grupo de ultraderecha El Yunque y cuyos miembros son muy cercanos al expresidente Vicente Fox, mismo que recibido reconocimiento público del actual jefe del ejecutivo, lo que indicaría cierta influencia, por lo menos, en la política federal.
Lo más grave, es la promesa de “cooperación absoluta” del actual gobernador de Jalisco con los Estados Unidos a los oficiales del Consulado, cuando confesó que sigue los consejos de Francisco Ramírez Acuña, y que los críticos estadounidenses ha denunciado la posible participación de la Halliburton en a favor del actual presidente de México.
Parece ser, entonces, que la confirmación de un documento oficial estadounidense hacia la actuación de un alcalde, en ese momento, y que se considera en el inciso C Fracción II del Artículo 37 Constitucional referente a la pérdida de la ciudadanía mexicana “por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero”, salpica a las primeras esferas del gobierno federal.
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