Hace 15 años, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el tres de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy, el secretario general del organismo multilateral, el coreano Ban Ke-Moon está alarmado por la forma en que los periodistas son el blanco de ataques mortales sin que se investiguen los asesinatos.
Una alarma justificada. "El oficio de periodista nunca había sido tan peligroso", aseguró el Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura. Sin que los gobiernos intenten cumplir el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 y que obliga a los firmantes:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Un renglón en donde México registra el más alto número de asesinatos a periodistas en América Latina, por arriba de Colombia, Haití, Brasil o Nicaragua según el reciente informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Con base en el registro de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), del 2000 en que inició la fallida Era del Cambio con el ex gerente de una transnacional, Vicente Fox, han sido asesinados 46 periodistas y ocho han desaparecido. Corresponde a la administración de las manos limpias, 16 periodistas victimados: ¡Promedia uno por mes!
Si bien es cierto que el 16 de febrero de 2006 se creó una fiscalía especial para atender el creciente y sistemático ataque a los periodistas, también es cierto que se careció de recursos económicos y logísticos para la instancia jurídica, lo que fue considerado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), como una burla.
En realidad, el señor Vicente Fox intentó desviar las acusaciones mundiales sustentadas en la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que aumentó el 60 por ciento las quejas recibidas por ataques a periodistas en el primer año del cambio fallido en relación al último año del tecnopriísmo representado por Ernesto Zedillo.
David Vega Memije, fiscal especial dependiente de la Procuraduría General de la República, informó el 28 de julio de 2006 que investigaba 78 casos de homicidio y amenazas, que contrasta con la información del 16 de febrero del mismo año de la CNDH de haber recibido 208 casos tan solo en el 2005.
La razón real puede encontrarse en palabras del padre del sofismo mexicano, Juan de Dios Castro Lozano, ante periodistas chiapanecos, al intentar criminalizar a los periodistas y exigir que se realice un trabajo informativo responsable con lo que se dio por satisfecho en la inacción oficial para investigar, perseguir y castigar a los agresores a informadores.
Es congruente con esta política panista el actual fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, al exculpar a los asesinos identificados por la prensa nacional de Felicitas Martínez de 22 años y Teresa Bautista de 24 años, de la oaxaqueña Radio Copala “La Voz que Rompe el Silencio”, el 7 de abril.
El funcionario descartó atraer el caso el 25 de abril, 18 días después del doble crimen en Putla, Guerrero, bajo el argumento de que el homicidio tiene su origen en diferencias internas entre las comunidades indígenas y no “por su condición de comunicadoras”.
Sencillo. Empero, el funcionario, originario de Acámbaro, Guanajuato, hizo su carrera de notario público en Coahuila, recordándose que en Torreón nació Juan de Dios Castro Lozano el asesor presidencial al tiempo que era diputado federal, y en 1994 obtuvo la maestría en la Universidad Iberoamericana en donde estudio el ex presidente Vicente Fox.
Con estos antecedentes del criminólogo es entendible que su designación por el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, el 14 de marzo de 2007, para proteger su impunidad.
Insensibles ante lo que representa esta grave situación en donde, “cada agresión contra un periodista representa un ataque contra nuestras libertades más fundamentales. La libertad de prensa y la libertad de expresión no pueden ejercerse si no existe una seguridad básica”, según el director general de UNESCO, Koichiro Matsuura.
En palabras de Francisco Zarco en el Constituyente de 1857: Sin la libertad de prensa son mentira todos los demás derechos, por lo que asesinar un periodista es atacar a la democracia.
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