Integracionistas
Por Mario Luis ALTUZAR SUAREZ
Rechazó la canciller mexicana, Patricia Espinosa Cantellano, que el acuerdo sobre seguridad con los Estados Unidos vulnere la soberanía nacional, en una conferencia de prensa el 4 de septiembre, después de que una versión periodística informó sobre el aumento de agentes estadounidenses en territorio nacional.
En una parte medular de su disertación indicó: “No se trata de que estemos trabajando hacia un esquema donde tengamos efectivos militares en nuestro territorio o que representantes de las diferentes agencias de Estados Unidos puedan desarrollar actividades en los operativos”.
Sin embargo, los hechos parecen contrariar a la encargada de la política exterior mexicana. Por lo menos en la cuestión de los militares extranjeros, ya que existe una iniciativa de reforma al Artículo 76 constitucional de la administración calderonista, para anular la fiscalización senatorial sobre esta materia.
El Artículo 76 ordena como facultades exclusivas del Senado, en el Inciso III: “Autorizarlo (al presidente) también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes en aguas mexicanas”.
A decir del diputado federal veracruzano por Convergencia, José Manuel del Río Virgen, el 14 de agosto de 2007, la iniciativa contempla conculcar la facultad de los Senadores y adjudicar la exclusividad al Jefe del Ejecutivo bajo la figura retórica de “acciones no beligerantes” que implica un abanico amplio en su interpretación.
Visto así, es falso que el gobierno federal no esté trabajando hacia ese esquema que, es innegable, está dirigido a permitir la disfrazada creación de bases militares estadounidenses en territorio nacional, como también se intenta matizar en la cooperación de seguridad bilateral la presencia de diferentes agencias de Estados Unidos.
Se recuerda que se estableció en 1969 una oficina en Guadalajara del Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs del Departament of Justice (BNDD), creado un año antes por el presidente Lyndon Baines Johnson con el mandato al Procurador General de la República de “tener autoridad completa y responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales referentes al narcotráfico y las drogas peligrosas”.
En el punto dos del decreto se le ordena al procurador “trabajar con el estado y gobiernos locales en aplicar medidas enérgicas contra el comercio ilegal de drogas y narcóticos” y en el punto tres el “mantener operaciones mundiales, trabajando de cerca con otras naciones, para suprimir el comercio de narcóticos y marihuana ilícitos”.
Se cumplió la injerencia con un esquema de cooperación para abrir en Hermosillo, Sonora, en 1971 otra oficina y en 1973 otra en Mazatlán, Sinaloa, precisamente en la Operación Cóndor que provocó la protesta de los empresarios por su afectación a las actividades lícitas. Se recuerda una manifestación con tractores.
Podría decirse que evolucionó la intervención de agencias espías y los marines en la protección de los intereses económicos estadounidenses en las Repúblicas Bananeras, de imponer dictaduras militares para combatir al supuesto comunismo mundial por la ayuda anticrimen para combatir el narcotráfico, sin cambiar el objetivo injerencista.
Lamentablemente para los Estados Unidos, lejos de abatir el tráfico de drogas, amentó al grado de que el presidente Richard Nixon creó el 1 de julio de 1973 la Drug Enforcement Administration (DEA) para sustituir al ostentoso BNDD, con mil 470 agentes especiales y un presupuesto de 74 millones 900 mil dólares.
Parecería que el señor Nixon desconfiaba de estas agencias ya que paralelamente ordenó al experimentado agente de la CIA, Howard Hunt, la creación de un grupo que le llamaron Los Diez Sucios por su tarea de espiar a sus compañeros, pero cayeron en servicio al igual que el presidente por el caso Watergate.
Curiosamente, la DEA fortaleció su presencia en México, y el 26 de enero de 1974 inició la Operación Special Enforcement Activity en conjunto con el ejército mexicano para erradicar el cultivo, proceso y transporte del opio y heroína en Sinaloa y de marihuana en Guerrero.
El 26 de enero de 1974 se inició la Operación Special Enforcement Activity in Mexico, para combatir el tráfico de opio y heroína en Sinaloa y de marihuana en Guerrero. La agencia antinarcóticos se adjudica el desmantelamiento del grupo de Amado Carrillo Fuentes en Chihuahua en septiembre de 1999 con Zedillo.
Sin embargo, en sus documentos reconoce que fue en la administración del panisa Vicente Fox Quesada cuando alcanzaron su punto máximo las relaciones de cooperación al grado de contar con ocho oficinas con 62 agentes especiales, 19 expertos de inteligencia y dos investigadores en Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Mérida, y la oficina central en la embajada de los Estados Unidos en el Distrito Federal.
Un marco consolidado desde la primera reunión en 2001 del presidente panista Vicente Fox con George Bush hijo de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, que se definió en marzo de 2005 como Acuerdo de Seguridad Nacional y que implica la creación en 2010 de la North American Union, desapareciendo las tres naciones.
El proyecto está vigente. Pese a las declaraciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, en los primeros días de gestión del panista Felipe Calderón, se autorizó ampliar la planta de agentes especiales de la DEA a 92 con tres oficinas más: en Nogales, Sonora; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.
Dos elementos confirman el cumplimiento de crear una sociedad de la seguridad y de la prosperidad de Norteamérica (SPP), según el compromiso en Waco, Texas de 2005, que complementó el primer paso con el Acuerdo Trilateral de Libre Comercio de 1993, el segundo paso con la equiparación de leyes antiterroristas en 2006, y el tercero en la integración de los mandos militares y policiacos de México al Pentágono y Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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