Desesperación, sería el adjetivo previo al Primer Informe Presidencial, con base en los indicios ocultos del poder gubernamental. A la afirmación del señor Felipe Calderón de que tenemos una economía blindada, el priísta sonorense Manlio Fabio Beltrones advierte el riesgo de que se incendie el país.
Es cierto que los mexicanos muestran cansancio por la promesa incumplida de recuperar la seguridad perdida en el baño de sangre atribuida al crimen organizado y que inició y se agudizó en el sexenio perdido del foxismo, aunque generoso con su peculio familiar sanguíneo y político.
Sin embargo, se antoja pensar que algo más profundo se oculta a los contribuyentes. Y no por la observación del discípulo del desaparecido Policía Caballero y que era experto en cuestiones de inteligencia y contrainteligencia nacional, o por la fallida Operación anticrimen delegada al ejército, sino por otro indicio altamente alarmante:
La presidencia presentó una iniciativa de reforma a la Fracción III del artículo 76 constitucional, que lo mismo permita al Ejecutivo enviar tropas al extranjero que estacionar militares extranjeros en territorio mexicano, sin la autorización de la Cámara de Senadores, la que se reduciría a una simple oficialía de partes para conocer lo que hace el Presidente.
Un hecho denunciado el 14 de agosto por el diputado federal de Convergencia, el veracruzano José Manuel del Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina, y que pese a que el Senado recibió la propuesta en días anteriores, se guardó un sospechoso discreto silencio por parte de los hombres y mujeres del Palacio de Xicotencatl.
Aunque el legislador veracruzano resumió las acciones consideradas como “no beligerantes” para que el Ejecutivo Federal se adjudique el control absoluto sobre el envío de tropas fuera del territorio nacional, llama poderosamente la atención el punto en que solicita el poder de decisión para estacionar ejércitos de otras naciones en el país.
Esto, porque la referencia plural queda en singular. Es decir, que sería la autorización para permitir a los Estados Unidos enviar a sus militares al país, si se considera que la mayor parte de las inversiones extranjeras tienen su matriz en ese país y que parecería ser que se pretende extender la jurisdicción castrense de la protección estadounidense.
Pese a que se intenta paliar ese objetivo con la apresurada reserva por 12 años de las relaciones de México con Venezuela, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es difícil pensar que los países al sur del Suchiate tengan la necesidad o la urgencia de salvaguardar los intereses de sus empresarios.
Es cierto que en la invasión a Irak se involucró a algunos países centroamericanos, como parte de los Cascos Azules de la ONU, lo que daría el argumento de organizar los contingentes en suelo mexicano, de lograrse la reforma constitucional, para enviarlos con los mexicanos a la restauración democrática de Irak, desde la óptica del halcón imperial.
Lo que genera la preocupación, empero, es que se ha fracasado en la guerra contra el crimen organizado, al que se le atribuye el baño de sangre profundizado en el foxismo, ya que la injerencia militar es difícil explicarla en la hipótesis de que esos sindicatos criminales están perfectamente organizados y bien preparados con equipos sofisticados, tanto en el espionaje como en armas y su infiltración en los cuerpos policíacos.
Y si no se explica y menos justifica el uso de las fuerzas armadas en ese supuesto, mucho menos se aplica a permitir que vengan los marines estadounidenses a combatir al supuesto crimen organizado.
Se intuye, entonces, que algo muy grave se oculta a los mexicanos, como la entrega del país al imperio, y que se diluye en la estrategia mediática de centrar las discusiones legislativas en el formato de un Primer Informe que podría repetir aquello de “lo entregas y te vas”.
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