Celebrará el gobierno federal y el clero político el XV Aniversario de la restauración parcial del poder clerical, en medio del escándalo del encauzamiento judicial por conspirar internacionalmente en la protección de curas pederastas y la agudización de la guerra mediática contra el Estado Laico.
Un clima preocupante por los antecedentes históricos de la beligerancia clerical que no regatea la sangre de mexicanos en su intento de satisfacer sus ambiciones terrenales.
Al promulgarse la Constitución de 1857 el 5 de febrero, la clerecía conspiró para que se levantara en armas el 17 de diciembre el sonorense de 44 años, Félix María Zuloaga iniciando un periodo de ingobernabilidad sangrienta que concluyó al igual que la Tercera República el 28 de diciembre de 1862 y prepararon el Segundo Imperio de 1863 a 1867.
La lucha sacerdotal contra la nacionalización de bienes eclesiásticos, el matrimonio civil, el registro civil y la secularización de los cementerios en 1859, la libertad de cultos en 1860 así como la extinción de comunidades religiosas en 1863, confirmadas por el Constituyente de 1917, se retomó en febrero de 1926 con la Guerra Cristera que derramó la sangre de 250 mil mexicanos en tres años.
Más diplomática es la tercera ofensiva. En 1977 el Papa Paulo VI designó a Girolamo Prigioni como su representante en México, con la misión especial de recuperar el poder político clerical que se concretan las bases en las elecciones presidenciales de 1988 a cambio de la bendición al electo Carlos Salinas mediante la caída del sistema electoral.
Se formalizó con la reforma al artículo 130 constitucional diseñada, cabildeada y aprobada en 1992 en el Congreso de la Unión con los buenos oficios del masón Manuel Jiménez Guzmán, quien se ostenta como amigo de la infancia de Carlos Salinas. Una fecha que según el anuncio presidencial desde el Vaticano, merece una magna celebración.
Espera así, el alto clero político que por lo menos se formalice la iniciativa de reformas constitucionales a los artículos Tercero, 24 y 130, en palabras del representante legal de la Arquidiócesis Primada de México, Armando Martínez, para “que trascendamos de un Estado laicista a un Estado aconfesional (sin confesión alguna)”.
La punta de lanza es el senador panista capitalino Federico Doring de 36 años, según el vocero del arzobispado, Hugo Valdemar, para “hacer coherente la Carta Magna” con la libertad religiosa y perfeccionar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que el Estado provea la educación religiosa.
Si se considera además la exigencia pública del cardenal duranguense Norberto Rivera Carrera para restituir los derechos políticos a los curas, en donde al ser candidatos a cargos de elección popular implica el uso del púlpito en campañas de proselitismo, el objetivo real del alto clero político es, diría la explicablemente millonaria Martha Sahagún, empoderarse del gobierno.
Retornar a los privilegios de 1833 en que poseían un millón 320 mil kilómetros cuadrados de terrenos, el control educativo, económico, político y social del país, se complica por el escándalo judicial iniciado en Estados Unidos en 1984 que al igual que en México en 1995, se había desechado por supuestamente haber prescrito el delito de pederastia clerical.
El 19 de septiembre de 2006 se reinició la lucha judicial de las víctimas que apoyó la cadena de televisión británica BBC el 1 de octubre en el programa de investigación Panorama con el reportaje “Sex Crimes and the Vatican” (“Crímenes sexuales y el Vaticano”).
Los mandos internacionales clericales se molestaron por el examen del escrito del 16 de marzo de 1962 del cardenal Alfredo Ottavvani y aprobado por el Papa Juan XXIII como “Crimen Sollicitationis”.
El documento fue distribuido como “confidencial” por la Sagrada Congregación del Santo Oficio que rebautizó en 1965 el Papa Paulo VI como Congregación para la Doctrina de la Fe y cuya prefectura asumió en 1981 el alemán Joseph Alois Ratzinger, conocido desde el 19 de abril de 2005 como el Papa Benedicto XVI.
La frase más relevante en la página tres de seis que tiene el documento, ordena que “los casos de este tipo quedan sujetos al secreto pontificio” bajo amenaza de excomunión.
Ignoró un juez estadounidense la condena canónica y el 16 de julio de 2007 ordenó al cardenal Roger Mahony el pago de 660 millones de dólares a 508 de 570 víctimas de abuso sexual por 19 curas plenamente identificados, que sería un daño menor a la arquidiócesis con inversiones por cuatro mil millones de dólares.
Un duro golpe a las ambiciones del alto clero político, ya que en esa resolución judicial el cardenal Mahony está obligado a declarar en contra de su par mexicano, el duranguense Norberto Rivera Carrera, citado a para el ocho de agosto por ser, según los abogados de las víctimas que tienen prohibido ingresar a México durante cinco años por orden de la Secretaría de Gobernación, protector del cura pederasta Nicolás Aguilar.
Así, la magna celebración oficial de los XV años en que reinició la reconquista de sus fueros en México, se empaña pese al empeño del señor Felipe Calderón, aunque se intenta distraer a los mexicanos con una guerra mediática clerical contra el PRD y la masonería.
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