“Cada vez que la garra de la arbitrariedad se tiende sobre un periodista, lo encuentra solo: lo aplasta sencillamente: coge a otro que está tan solo como el primero, y lo aplasta con la misma sencillez, y sigue cogiendo y aplastando a cuantos quiere porque todos están aislados, desamparados, indefensos”.
La imagen tan parecida al presente, con 34 periodistas asesinados y cinco desaparecidos en siete años, corresponde, empero, a la edición de Regeneración del 1 de junio de 1906, del profeta de la Revolución, el oaxaqueño Ricardo Flores Magón.
Un botón de muestra es la escritora y activista de los derechos humanos, Lydia Cacho, quien fue secuestrada el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, Quintana Roo, y que el 24 de noviembre de 2006, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo, exoneró de su participación al priísta Mario Marín, gobernador de Puebla.
Los tiempos cambian y el 18 de junio de 2007, la Comisión Investigadora de la SCJN, encabezada por el ministro Juan Silva Meza, estableció la responsabilidad del mandatario poblano y pidió a sus pares, emitir en el Pleno una recomendación a las cámaras de Diputados y Senadores, para fincarle responsabilidades políticas, administrativas y penales.
Extirpar la impunidad en la ofensiva contra los periodistas, se antoja difícil por las complicidades que se extienden a poderosos políticos, que en el caso de Lydia Cacho, se apresuran a expresar su apoyo partidista al inculpado por la Suprema Corte y en las agresiones al periódico Cambio Sonora, ni siquiera se iniciaron las investigaciones.
Es urgente, entonces, aplicar el resolutivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), en la clausura de su V Asamblea Nacional en Villahermosa, Tabasco: Unificar la respuesta inmediata al secuestro ó agresión a un periodista y de seguimiento a los procesos jurídicos que intenten criminalizar a la víctima.
www.arcanorevista.com