Anunció el jueves en Tlaxcala el presidente Felipe Calderón la solución a la escasez de dinero que frenó en el pasado la inversión pública en infraestructura. La fórmula es destinar más de la mitad del 65 por ciento de recaudación extraordinaria que se espera en el presente año con la nueva miscelánea fiscal aprobada por el Congreso de la Unión.
Se explica así la ejecución de la reforma tributaria con el complemento retórico de que el 13.3 por ciento de la población vive en la pobreza extrema.
La forma de este esquema, empero, es altamente preocupante. Para sustituir la anulada aplicación del IVA generalizado a medicinas, alimentos y prestaciones laborales se indexó dos centavos al impuesto mensual de la gasolina y se delinearon mecanismos de recaudación fiscal draconianos para disminuir la dependencia petrolera del gasto público.
Lo injusto del IVA se observa en un estudio de finales de 2007 del Centro de Investigación y Docencia Económicas que consideró el IVA como “un gravamen regresivo” y estimó que el diez por ciento más rico de la población paga el 6.5 por ciento de su ingreso por este concepto impositivo, contrasta el diez por ciento más pobre con el pago del 11.4 por ciento.
Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) justifica el endurecimiento fiscal en la evasión del 30 por ciento de los contribuyentes inscritos en el padrón de nueve millones de contribuyentes, y benefició al sector más rico con la baja al 32 por ciento en el pago del impuesto sobre la renta.
Además, leemos en la página 107 Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación del nueve de enero pasado que: “Se considera que realiza una práctica fiscal indebida: I.- Quienes para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución o para obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal, constituya o contrate de manera directa o indirecta a una sociedad cooperativa, para que ésta les preste servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan o hayan prestado”.
En el punto II se menciona también a las cooperativas que no paguen ISR sobre el Fondo de Previsión Social, acotándose que estas medidas se aplican también a las “en nombre colectivo o en comandita simple”, dejándoles fuera para legalizar inversiones extranjeras.
A las pequeñas y medianas empresas que por limitaciones económicas se retrasan en su declaración mensual en ceros, se les impone inmediatamente una multa ligeramente inferior a los mil pesos sin descontar otros artilugios detectados, como letreros que avisan de un horario determinado cambiados por guardias de seguridad arbitrarios “por orden superior”.
El pago de multas posteriores a las mismas declaraciones mensuales, o cualquier otra, se garantiza con la amenaza de relacionar a los morosos en el ilegal buró de crédito para obstruir sus posibilidades de crédito. Los burócratas, como Irma Yáñez, dicen: “Nosotros no hicimos las leyes” y recomienda asistirse de un abogado por el cobro ilegal.
Problemas menores ante la anulación de los derechos humanos de los contribuyentes bajo la figura de la moderna Firma Electrónica Avanzada que además de obligar a los contribuyentes a la compra de equipos de cómputo, única forma para declarar impuestos, se les registra con fotografía y la huella de los diez dedos de las manos, como delincuentes.
Se tiene, entonces, que el terrorismo fiscal es el soporte de la nueva miscelánea tributaria que cada día se acerca más a los tiempos de Antonio López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, con impuestos a puertas y ventanas, caballos y perros, en una población mayoritaria que ha perdido el 80 por ciento de su poder adquisitivo.
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