Impunidad neoporfirista
Por MARIO LUIS ALTUZAR SUAREZ
En el XCVII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los neocientíficos se perfilan en la defensa legislativa de su adalid guanajuatense, para victimizarlo de la solicitud perredista de juicio político calificada de “intento de linchamiento injusto y mediático” y amenazan con encausar penalmente a sus denunciantes.
Se observa así, que la estrategia panista se apoyará en politizar la impartición de la justicia. Dijo Felipe González, senador blanquiazul hidrocálido, el 16 de noviembre a El Sol de México, periódico insignia de Organización Editorial Mexicana: "Es un linchamiento contra del expresidente Fox, creo que es una cuestión mediática, no creo que sea algo que busque que el país transite hacia los mejores estadios en cuestión política, de confianza”.
Una posición partidista que empezó a litigar en los medios de comunicación la solicitud de juicio político presentada el 15 de noviembre a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la legisladora feminista externa de PRD, Claudia Lilia Cruz Santiago y el coordinador de la bancada del PRD, Javier González Garza.
Lo apresurado del posicionamiento partidista, menos de 24 horas después, tendrían dos lecturas inmediatas: 1.- Que el secretario general, el mexiquense Guillermo Javier Haro Bélchez hubiese entregado la documentación al PAN para hablar con razonamiento jurídico fundado o, 2.- Que la línea de la dirigencia del partido, vinculada estrechamente al señor Vicente Fox, soslaye la justicia y ordene la defensa a ultranza de su jefe y amigo.
Se antoja pensar que la segunda opción es la más cercana, ya que en la primera solamente se contaría cuando mucho, con una tarjeta informativa de los documentos que apoyan la solicitud del PRD en que se presumen, entre otros elementos susceptibles de delitos:
Ataque a las instituciones democráticas y la libertad del sufragio, violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, e infracción a la Constitución y a las leyes federales que causaron perjuicios graves a la Federación, “que motivaron trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”.
Muchos de los elementos de corrupción, tráfico de influencias, irregularidades en el ejercicio del presupuesto federal, entre otros, es cierto que fueron substanciados en los medios de comunicación, sin embargo, la solicitud legislativa entre sentencias, dictámenes e investigaciones del Tribunal Federal Electoral, de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de la pasada legislatura que investigó a los hijos de la esposa del ex presidente.
Podría decirse que la solicitud de juicio político se ajustó a preparar la Tercera Convención Nacional Democrática el 18 de noviembre en que celebró su primer año de “Presidente Legítimo” el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, empero, centró su retórica en la defensa del petróleo.
El ex gobernador de Aguascalientes que se caracterizó en su mandato por el aumento de la inseguridad y penetración del llamado crimen organizado, argumentó que se debería esperar el resultado de la recién instalada Comisión Especial para investigar el origen de la riqueza del señor del ostentoso rancho San Cristóbal.
Hacerlo, implicaría que se cumpla el año marcado por la Constitución para encausar al ex Jefe del Ejecutivo y por lo tanto, legalmente estaría blindada su impunidad.
No hay problema. Con base en la posición del senador hidrocálido se anticipa la estrategia que seguirán los seis diputados panistas en la Subcomisión de Examen Previo a la solicitud perredista: Victimizar al Señor de las Botas para desacreditar las pruebas e impedir el análisis que deberá presentar su conclusión a más tardar el 27 de diciembre.
Tienen la confianza de que contarán con el apoyo del presidente Felipe Calderón, seguramente por los compromisos adquiridos en las dos reuniones que sostuvo con su antecesor en San Cristóbal, que desconocemos todos los mexicanos. Y a la exoneración se iniciará la persecución de los denunciantes, incluidos los medios de comunicación.
Visto así, es falsa la apreciación de López Obrador del 18 de Noviembre de 2007 en el Zócalo, de que intentan regresarnos al porfirismo. De hecho, los neocientíficos instauraron ya la dictadura de las transnacionales, un proceso iniciado desde 1982, que sumieron al país en las condiciones sociales, económicas y políticas que detonaron la Revolución de 1910.
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