Desesperación. Así se entiende la convocatoria del presidente Felipe Calderón a unir fuerzas “para que los ideales plasmados en nuestra Ley Fundamental cobren vigencia”, a escasos dos días de la estrepitosa derrota electoral en Baja California Sur y Quintana Roo y el rechazo de la ONU a usar militares contra el narco.
Si bien es cierto que allí, en el Teatro de la República en Querétaro, el jefe del ejecutivo retomó el ritual de conmemorar la Promulgación de la Constitución que abandonó su antecesor, también es cierto que mostró, al igual que sus distinguidos acompañantes, rostros adustos que podría inferirse de preocupación.
El discurso presidencial estuvo centrado en convocar a los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y Judicial, a la unidad en la legalidad y la justicia, lo que puede entenderse como un llamado a destrabar su propuesta de reforma judicial que al ser ventilada en la prensa, se descubre el deseo de instaurar un Estado Policíaco.
Puede validarse la iniciativa de ley por el aumento del número de ejecuciones en el país, que en Monterrey victimó a un juez y en diferentes estados, a jefes policiacos y políticos, ubicándose su epicentro en la frontera norte que amordazó a los periodistas que investigaban la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad.
Si se observa con más cuidado el clima imperante, existe un elemento convergente: La impunidad. Y no precisamente por la flexibilidad de las leyes sino por la corrupción detectada en los encargados de impartir la justicia. Amparos por 50 mil pesos, extrañas fugas de encausados e incluso de presos en penales de alta seguridad.
Una realidad que obliga a preguntar sobre la iniciativa presidencial: ¿Si son los cuerpos de seguridad los responsables del crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado, por qué se debe sojuzgar a los ciudadanos a cateos domiciliarios e intervenciones telefónicas sin orden de juez, a estos “servidores públicos”?
Además, sin reformas judiciales, se ha intentado obligar a los periodistas a trabajar de “confidentes” sin sueldo de la policía, cuando es de todos conocido que la mínima denuncia de una víctima es susceptible de ser vista por el denunciado, lo que implica todas las ventajas para hostigar y desaparecer al denunciante.
Las mismas leyes secundarias y la Constitución garantizan el derecho a la seguridad, sin que se cumpla ya que en el caso de 40 periodistas asesinados del 2000 a la fecha y siete desaparecidos, los impartidores de la ley orientan sus pesquisas en criminalizar a la víctima y dejar en la impunidad el ilícito.
Con estos elementos es difícil creerla al presidente Calderón cuando anuncia: “Esta hora de la nación nos ofrece la posibilidad de llevar a nuestro pueblo hacia un mejor futuro por la vía de la legalidad”, cuando las fuerzas del orden claudicaron en la encomienda de proteger a la ciudadanía por módicas compensaciones del hampa.
La misma Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, criticó que la administración panista haya involucrado al ejército en la lucha contra el narco, lo que consideró de “peligroso” para la sana convivencia democrática, y sin que conociera la hitleriana iniciativa de reforma judicial.
Sin embargo, más que por esta realidad lacerante del país, se intuye que los rostros preocupados del jefe del ejecutivo y sus distinguidos acompañantes responde al desplome electoral de su partido, el PAN, con que se estrenó su operador y paisano, Germán Martínez Cázares, que deja negros augurios a su administración.
Dicho de otra forma: La retórica de votos juaristas que aluden a la austeridad republicana, es inexistente, el empleo prometido se volatiza junto con los ingresos petroleros por factores atribuidos a la recesión de los Estados Unidos, y la seguridad no aparece y aumentan las críticas sobre la militarización de la justicia.
Y el termómetro electoral fue claro en Baja California Sur y Quintana Roo, en este último ganó una diputación el hijo del exgobernador priísta Mario Villanueva Madrid, encarcelado y en espera de ser extraditado. La lectura de las urnas es clara: El medio punto con el que se ganó la presidencia está lejos de ser un cheque en blanco.
Es más: Agotó su capital político en año y dos meses. Y aquí se entiende el rostro adusto y la convocatoria a la unidad legislativa u judicial para contener la protesta de los contribuyentes con la razón de la fuerza de su propia ley, que proteja, incluso, la consumación de la entrega del país a la North American Union en el Bicentenario de la Independencia.
NOTA: Sintonícenos a las 13 horas de lunes a viernes por
www.arcanoradio.com en una propuesta informativa alterna en el único espacio absolutamente democrático que es el ciberespacio.
www.arcanorevista.com