El tradicional debate sobre la reforma, renovación e incluso su desecho por una nueva Constitución, emergió en el nonagésimo aniversario de la promulgación de la Carta Magna, con el aderezo de que ahora se incluyó la remembranza del 150 aniversario del Constituyente liberal que rechazaron los conservadores y se inició la Guerra de Tres Años.
Para el presidente Felipe Calderón, de filiación panista, es necesario renovar al máximo libro de la ley, bajo el argumento “de adecuar los órganos del Estado y la relación de éstos con los ciudadanos a las aspiraciones de México” con el objetivo de armonizar la pluralidad democrática que conlleve las reformas que requiere el progreso de México.
Curiosamente, el perredista tabasqueño Arturo Núñez Jiménez y el priísta michoacano José de Jesús Reyna García, secretarios de las comisiones de Puntos Constitucionales del Senado y los Diputados, respectivamente, dijeron a un periódico nacional, que es necesaria una nueva carta magna.
El antecedente inmediato se tiene el 19 de junio de 2006, cuando al asumir la titularidad de la Comisión Organizadora para la Conmemoración de los Festejos Patrios de 2010, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el tres veces candidato presidencial propuso la promulgación de una nueva Constitución capaz de enfrentar los retos del tercer milenio.
Visto de otra forma, la oferta cardenista buscaría desechar la manoseada 400 veces Carta Magna al capricho de los gobernantes en turno antes que restaurar el Espíritu del Constituyente de 1917, para enfrentar la moderna globalización que se sustenta en la doctrina del escocés Adam Smith de 1776, en la víspera de la Revolución Industrial.
El Constituyente del 17 es vigente y obsoleto es el imperialismo que se colapsó, ya que el dogma del escocés, sobre los beneficios de la acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico y la defensa del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, han empobrecido al 30% de la población mundial.
Con base en su obra “La investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, conocida como “La riqueza de las naciones”, Adam Smnith propone en 1776 que la clave del bienestar social está en el crecimiento económico, que se potencia a través de la división del trabajo y esta división se profundiza a medida que se amplía la extensión de los mercados y por ende la especialización.
La Universidad de Chicago reformula el mismo principio casi 200 años después, bajo el tecnicismo de las líneas fabriles de producción extendido a nivel continental, en donde fue imprescindible para el nuevo imperio, el golpe de Estado en 1973 en Chile, productor de cobre, para que se manufacturaran en otros países piezas que serían ensambladas en maquiladoras para terminar el producto en la matriz transnacional.
Si el escocés Smith retomó experiencias de los franceses François Quesnay en 1758 y en 1762 Anne Robert Jacques Turgot, barón de Laune, más conocido como Turgot, sobre las bondades de los préstamos agiotistas y la distribución democrática de los impuestos, se antoja natural que la doctrina de los Chicago Boys se perfeccionara con la teología de la democracia de la Universidad de Harvard en 1987.
Dos pilares para sustentar el Evangelio de la globalización que disfraza la dictadura de las transnacionales bajo la retórica de la democracia global, en donde la cultura y la infraestructura productiva y los sistemas jurídicos nacionales se convierten en un obstáculo para complementar el nuevo imperialismo con las añejas estructuras de 236 años.
Se encuentra, entonces, la punta de la madeja de tantas estridencias que se dicen modernas para acusar a la Constitución de ser obsoleta y rebasada a sus escasos 90 años.
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